Andalucía insta al Gobierno a realizar una prueba que mida la capacidad pedagógica de los futuros maestros
Tras escuchar durante más de 20 horas (repartidas en seis sesiones parlamentarias) las diferentes propuestas de un total de 29 organizaciones representativas de la educación en Andalucía, el Grupo de Trabajo relativo a la Formación del Profesorado ya tiene elaborado el informe final con 92 recomendaciones que debatirá este martes en la Comisión de Educación y que, posteriormente, elevará al Pleno del Parlamento de Andalucía para su aprobación definitiva.
En este dictamen elaborado por el Grupo Socialista pero con las aportaciones, según ha destacado su portavoz Araceli Carrillo, "de todos" los grupos parlamentarios, se propone, entre otras medidas, instar al Gobierno de la Nación a establecer un nuevo modelo de acceso a la función pública docente que "potencie la parte práctica" y en el que se "incluya una prueba en la que se pueda medir la capacidad del candidato o candidata para transmitir conocimientos y para gestionar la realidad concreta de un aula".
Es decir, una prueba que, a diferencia del actual sistema de selección (basado en el concurso-oposición) valore más y mejor las habilidades pedagógicas y comunicativas del futuro docente, capacidades éstas que debe reunir la persona que quiera dedicarse a la enseñanza, según se desprende del 'perfil' elaborado por este grupo de trabajo y en el que destacan, por ejemplo, la necesidad de tener "facilidad para la comunicación y relación personal", el "interés y aprecio" por la profesión docente, un nivel cultural elevado, tener dotes de liderazgo o dominio de un idioma extranjero.
Además, en plena sintonía con la propuesta del 'MIR' educativo del vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, este grupo de trabajo también propone "garantizar que la selección del personal funcionario para el ingreso en los distintos cuerpos docentes cuente con una fase de prácticas que se realizará en centros de distintas características y que tendrá la duración de, al menos, un curso académico, en el que se comprobará el grado de desarrollo de las competencias profesionales de cada candidato o candidata". "La evaluación de esta fase de prácticas permitirá comprobar la competencia profesional del aspirante. Este procedimiento debe entenderse como parte de la formación inicial del profesorado", añade la medida 32 de este dictamen, al que ha tenido acceso Europa Press.
Eso sí, se advierte también de que, en ningún caso, esta asignación de materias, cursos o niveles al profesorado en práctica implique "asumir una tutoría en solitario", sino que se realice "atendiendo exclusivamente a criterios pedagógicos".
Con todo ello, según se argumenta en el mecionado documento, se podrán evitar las "paradojas" que el sistema de selección actual lleva adscritas, como el hecho de que la fase de oposición se base solo "en la comprobación de unos conocimientos adquiridos en la Universidad que no suelen coincidir con las capacidades necesarias para un buen desempeño en el aula" o la de que, precisamente por la "dificultad" de superar esta primera fase de oposición, haya buenos y experimentados profesionales que no consigan su plaza como funcionario docente.
También se incide mucho en la necesidad de una "parte práctica" no solo una vez adquirida la condición de funcionario, sino antes, durante la formación de los futuros docentes en la Universidad. No en vano, Andalucía propondrá próximamente al Gobierno central —en base a que PSOE-A e IULV-CA han dado ya su visto bueno al documento y a que el PP-A se ha abstenido por el momento pero se ha comprometido a trabajar porque ese voto "se convierta en positivo" en su debate en el Pleno del Parlamento— que, además de subir la nota de corte en el Grado de Magisterio para "iniciar una progresiva reducción del número de alumnos por grupo" universitario, se complete esta selección previa con "otro tipo de herramientas psicotécnicas que permitan comprobar la motivación y la posible adaptabilidad del aspirante a docente a las condiciones y capacidades exigibles al profesional".
Modificar el máster de secundaria
En la misma línea, y con la intención de que la formación de los futuros docentes sea "eminentemente práctica", se insta al Ejecutivo español a "estudiar modificaciones en el Máster de Secundaria" y a las propias universidades, responsables últimas del mismo, a que "lleven al máximo legal posible el número de créditos de prácticas".
Asimismo, se aboga por facilitar la incorporación de profesorado de Secundaria de reconocido prestigio para impartir docencia en las diferentes especialidades del Máster, por impulsar la incorporación a las Facultades de Ciencias de la Educación del profesorado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria con experiencia innovadora y con buenas prácticas profesionalmente contrastadas y por realizar una "evaluación rigurosa" de los planes de estudio de los Grados de Maestro de Educación Infantil y de Educación Primaria para "comprobar y asegurar su adecuación a las competencias profesionales establecidas legalmente y a las necesidades del sistema educativo".
Todas estas recomendaciones, según han apuntado este lunes en la sesión de aprobación del informe los portavoces parlamentarios de PSOE-A e IULV-CA, Araceli Carrillo e Ignacio García, respectivamente, parten de Andalucía pero son pero "perfectamente válidas y extrapolables" al resto del sistema educativo español, algo que, según han dicho, debe ser ""motivo de orgullo y satisfacción".
"Otra vez este Parlamento andaluz está marcando las directrices no solo para la formación del profesorado en Andalucía, sino también para el resto de España", ha recalcado Carrillo tras recordar que el dictamen del anterior grupo de trabajo que se creó en el Parlamento —el relativo a la Convergencia educativa— sirvió para poner en marcha medidas concretas como el Plan Esfuerza o la promoción ante la Fiscalía de la calificación como atentado de las agresiones graves al profesorado.
Pese a que el portavoz de IULV-CA, Ignacio García, ha anunciado que este martes presentará "algún voto particular" para que quede reflejada su postura sobre algún aspecto determinado que no se ha recogido en el informe, éste saldrá adelante con su voto y el del PSOE-A. El portavoz parlamentario en la Comisión de Educación del PP-A, Santiago Pérez, por su parte, ha advertido de que su grupo se abstendrá en la votación pero "con el ánimo de que, cuando vaya al Pleno, ese voto se convierta en voto positivo".