AMP.Trib.Un informe de la Guardia Civil no descarta que Óscar Soto sea víctima, en lugar de autor de una falsedad
Un informe pericial elaborado por expertos de la Guardia Civil de León y presentado a última hora por el abogado defensor del alcalde en funciones de Tudela de Duero (Valladolid), el socialista Óscar Soto, acusado de legalizar un expediente urbanístico en marzo de 2008 mediante la falsificación de un certificado, ha dejado abierta la posibilidad de que el munícipe no sea autor del delito sino más bien víctima de un tercero que podría haber simulado su firma.
Tal "revelación inesperada" conocida minutos antes del inicio del juicio previsto en la Audiencia de Valladolid, como así la ha calificado el Ministerio Fiscal, ha llevado al acusador público y al defensor del alcalde socialista a plantear una serie de cuestiones previas, entre ellas la suspensión del proceso, que finalmente han sido desestimadas por la Sala pero que, dado el tiempo empleado por los magistrados para resolverlas, han obligado a posponer el inicio de la vista para el próximo día 21 de julio.
La principal novedad radica en un informe pericial, elaborado el 19 de mayo de 2011 por la Guardia Civil de León y realizado a petición de la defensa, cuyas conclusiones podrían entrar en clara contradicción con otra pericial practicada por la Policía Nacional de Valladolid, de fecha 15 de julio de 2009, ya que en esta última, que sirvió de base para la imputación de Óscar Soto, se determina que la firma que aparece en el documento falsificado pertenece al munícipe tudelano, mientras que del dictamen de la Benemérita se infiere que la rúbrica pudiera haber sido imitada por una tercera persona.
En este informe, que beneficia claramente los intereses del imputado, se apunta, tal y como ha explicado su abogado defensor, en declaraciones recogidas por Europa Press, que la firma atribuida a Soto tiene trazos "temblorosos" y aparecen unos "surcos" que denotan que ha sido imitada por alguien, además de que el documento en sí habría sido totalmente falsificado, posiblemente mediante un escáner.
El gobernador del banco de españa
"Aquí el perjudicado es Óscar Soto. Es como sí alguien falsifica un billete y sentamos como imputado al gobernador del Banco de España, es algo inconcebible", ha criticado la defensa, quien ha advertido de que si su patrocinado hubiera sido el autor del delito ni habría imitado su propia firma ni habría falsificado el sello oficial del Ayuntamiento.
Pero además, el abogado ha extendido sus críticas al mandamiento del Juzgado de Instrucción número 4 que encomendó a los peritos de la Policía Nacional la pericial sobre la firma del documento, ya que el encargo "condicionó el resultado" pues tenía como cometido determinar si la rúbrica había sido falsificada por el alcalde o por la trabajadora de una gestoría de Tudela, excluyendo de tal cotejo a otras dos personas que, al igual que las dos anteriores, también llegaron inicialmente a figurar como imputadas.
Por ello, mientras que el fiscal ha pedido a la Sala la suspensión del juicio a fin de que Instrucción 4 practique una información sumarial suplementaria para evitar contradicciones entre ambas periciales, el defensor ha pedido la nulidad del mandamiento judicial que encargó el informe de la policía y el contenido de este último, así como que sólo se tenga por válido el elaborado por la Guardia Civil y que se considere también nulo el auto del juez que transformó las diligencias en procedimiento abreviado y que excluyó de la causa a otras tres personas que también figuraban como imputadas.
Estas tres personas son las representantes de una gestoría de Tudela de Duero y otra de Valladolid capital, además del comprador de la finca que se benefició del certificado falso.
Finalmente, la Sala ha desestimado las cuestiones previas planteadas por ambas partes, pero debido a la demora sufrida, que impedía celebrar el juicio en una sesión y obligaba a desarrollarla al menos en dos jornadas, ha optado finalmente por posponer el proceso hasta el 21 de julio.
El primer edil en funciones de Tudela, que pese a ello llegó a ocupar el banquillo de la Audiencia vallisoletana, acudió al Palacio de la Audiencia Provincial acompañado por varios representantes socialistas, entre ellos el portavoz en funciones en la Diputación Provincial, Juan José Zancada, y el secretario de Comunicación de la Agrupación Municipal de Tudela y Herrera de Duero, Francisco José Peña, entre otros.
Con carácter provisional, el Ministerio Fiscal solicita para el munícipe, cuyo partido ha sido el más votado en las últimas elecciones aunque ha perdido la mayoría, una pena de cuatro años de prisión, el pago de una multa de 5.400 euros y su inhabilitación por espacio de cinco años.
Soto, quien ya este año ocupó banquillo en el Juzgado de lo Penal número 1 para responder de un delito de prevaricación, del que fue finalmente absuelto, habrá de aclarar el próximo día 21 de julio las circunstancias en las que el 7 de marzo de 2008 confeccionó un certificado firmado de su puño y letra en el que, en su condición de alcalde, atestiguaba que en sesión celebrada el día 9 de marzo de 1999 se adoptó por el Ayuntamiento de Tudela acuerdo legalizando un expediente sobre viviendas y almacén en una finca sita en la carretera de Villabáñez y Camino de Duero.
Dicha finca es parte de la Parcela 181 del Polígono 4, adquirida por Matías O.V. en escritura pública de 23 de noviembre de 2006, con la particularidad de que el supuesto acuerdo municipal que validaba su legalización no se correspondía con la realidad obrante en los Archivos Municipales.
El certificado, en el que no figuraba la necesaria firma del secretario y que adolecía de imprecisiones en cuanto al escudo y sello del Ayuntamiento de Tudela, fue presentado ante notario el día 6 de mayo de 2008 por el nuevo propietario, de quien no consta que conociera su falsedad, con el fin de tramitar la inscripción registral de la finca, algo que inicialmente no había conseguido ante la falta del referido documento.