De esta forma y si, como confía, se logra un rápido apoyo del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE, la nueva normativa podría estar en vigor en el verano de 2007.
"Necesitamos una respuesta coherente, efectiva y rápida", dijo Reding, que expresó su deseo de que "en el verano de 2007 los consumidores europeos puedan viajar al extranjero sin tener que preocuparse de la posibilidad de pagar precios injustificadamente altos por usar sus móviles".
En la propuesta se aplicará el "principio de precio nacional", es decir, que el usuario pague en el extranjero las mismas tarifas por una llamada nacional o internacional que le cobran cuando está en su país de residencia.
Para lograr esa reducción del precio, la Comisión abordará igualmente la cuestión de las tarifas al por mayor, con el objetivo de garantizar que los operadores no cobren a los de otros países cantidades muy por encima más de los costes reales por el uso de sus redes.
Precios
En octubre del año pasado la Comisión puso en marcha una página web en al que aparecen los precios del roaming en todos los países de la UE con los diferentes operadores, con la que se pretendía informar mejor a los usuarios y presionar a los operadores para que redujeran las tarifas.
Pero no sólo no ha habido reducción de precios en general si no que en algunos casos las tarifas han aumentado, dijo la comisaria, que puso como ejemplo un caso en España.
El caso de España
Un abonado en España de la compañía Vodafone que viaja a Letonia ha visto subir el precio de una llamada de cuatro minutos de 7,20 euros en septiembre de 2005 a 8,35 en marzo de 2006, mientras que si usa Movistar ha pasado de 5,72 a 6,64, y si es Amena de 2,8 a 3,39 euros, según los datos de Bruselas.
El presidente del Grupo Europeo de Reguladores y responsable del organismo británico, Kip Meek, expresó su "apoyo total" a los objetivos de Reding y explicó que se ha presentado una propuesta a la Comisión Europea para establecer un "límite uniforme europeo de precios al por mayor", que permitiría una reducción de hasta un 60%.
Asimismo, esta propuesta quiere poner en marcha un mecanismo de control de precios y una vigilancia de cómo se transponen los costes de las empresas a los usuarios finales.
"Hay que reconocer" que el coste que un operador paga por usar la red de otra empresa "hay que cargarlo, es inevitable", explicó.
La propuesta de los reguladores recibió el apoyo de "24 de los 25" organismos nacionales, con la excepción de España, que presentó un texto alternativo, explicó Meek, que no quiso precisar cuáles habían sido las divergencias.
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