Griñán muestra su acuerdo con la decisión de Fiscalía de oponerse a que la juez acceda a todas las actas por los ERE
El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, no ha dudado este viernes en asegurar que, evidentemente, está de acuerdo con el recurso interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción contra el auto de la juez que investiga las supuestas irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) que pide la entrega a la Junta de las 480 actas de los consejos de gobierno.
A preguntas de los periodistas en Linares (Jaén), Griñán ha considerado que, "después de todo lo que se ha dicho", la postura de la Junta, del Consejo de Gobierno y de los servicios jurídicos coincide con la opinión de la Fiscalía.
Así, el presidente ha señalado que la juez tiene la oportunidad de pedir las actas "que crea que son imprescindibles para el conocimiento del caso" y que ellos se las facilitarán "sin ningún tipo de problemas".
Según publica este viernes el diario 'El País', la Fiscalía Anticorrupción ha recurrido el auto de la juez Alaya en el que ordenó a la Junta andaluza la entrega de las 480 actas de los Consejos de Gobierno desde 2001 para su custodia.
Además, la Fiscalía Anticorrupción también ha designado al fiscal Manuel Fernández Guerra para que, junto al también fiscal Juan Enrique Egocheaga, participe en esta investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla en torno a esta posible trama.
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, investiga como es sabido esta posible trama de prejubilaciones fraudulentas financiadas con fondos autonómicos y su relación con el acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), al objeto de librar 647.869.157,45 euros durante los últimos años para la reestructuración de empresas en crisis. Y es que con la citada fórmula, según la investigación, los libramientos de ayudas habrían eludido la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.
Las subvenciones e incentivos otorgados mediante este método, ni siquiera publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez Mercedes Alaya un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancias administrativas" en los expedientes de regulación de empleo promovidos por al menos una treintena de empresas andaluzas con cargo a este fondo de 647.869.157,45 euros.