En su autorización formal

El Gobierno pasa de puntillas por el empleo en Vodafone y alarma a la plantilla

Eamonn-O'Hare, CEO de Zegona
Escrivá pasa de puntillas por el empleo en Vodafone y pone en guardia a la plantilla.
Zegona
Eamonn-O'Hare, CEO de Zegona

La cuenta atrás para la toma de control por parte de Zegona en Vodafone España ya ha arrancado. La compañía será 100% del fondo británico a partir del 31 de mayo. Y en este contexto, la plantilla se mantiene aún más en guardia después de que el Gobierno haya autorizado sin hacer apenas mención a las garantías de empleo para los próximos años o a ningún tipo de compromiso relacionado. Existe un temor creciente a que se lleven a cabo recortes en un equipo castigado con cuatro expedientes de regulación de empleo en la última década. El mes de junio será clave.

El ministro para la Transición Digital, José Luis Escrivá, le dedicó apenas dos minutos de su intervención tras el Consejo de Ministros de este jueves a la operación de compra del tercer mayor operador de telecomunicaciones de España, con una de las mayores redes móviles del país y con una plantilla de más de 3.700 trabajadores. Sólo se refirió a compromisos vinculados a un plan de inversión en las redes fijas y móviles, junto con medidas que "garanticen una solvencia financiera elevada". Posteriormente, en la comunicación formal tras la reunión habló de un compromiso de "mantener los contratos relevantes" con la Administración General del Estado y preservar "la estabilidad en los activos estratégicos" de la compañía.

El contexto antes de esta escueta declaración estaba marcado por las advertencias de los dos principales sindicatos. UGT exigió una reunión hace una semana con la secretaria de Estado de Telecomunicaciones en una carta en la que hablaba de "rumores" acerca de Zegona, en los que "claramente se plantea un desmantelamiento progresivo" de la compañía, "con las repercusiones que tendría sobre una plantilla ya muy mermada". CCOO, por su parte, reclamó una garantía mínima de ocho años, algo inaudito en un mercado especialmente castigado como el de las telecos en España.

En el caso de Masorange, cuyo CEO descartó despidos forzosos pero abrió la puerta a salidas voluntarias tras una negociación con la representación de los trabajadores, el ministerio habló de compromisos de empleo "suficientes" pero sin hacer mención a la ausencia total de recortes o a periodos concretos. En esta ocasión no ha habido ningún tipo de referencia pese a la presión de los sindicatos, que se muestran preocupados, como aseguran varias fuentes consultadas por La Información. Tanto este proceso como el de la fusión Orange-Másmóvil se han ejecutado de manera coordinada y guiada por parte del departamento con contactos continuos de ambas partes.

En el folleto en el que Zegona explicaba en la última parte del pasado año sus planes para Vodafone España apuntaba en los riesgos una estructura elevada de costes respecto a rivales del mismo tamaño. Y se refería a "reducciones de plantilla previstas", pero sin avanzar más. Llegó a plantear como riesgo la existencia de un convenio colectivo y de un comité de empresa que implica una serie de "obligaciones y restricciones que pueden afectar a su flexibilidad para emprender ajustes de plantilla, reestructuraciones y acciones corporativas similares en los tiempos oportunos o en absoluto".

Temor en la plantilla

Desde las principales organizaciones sindicales vuelven a plantear lo que se ha venido repitiendo en los dos últimos ERE vividos en la empresa: la plantilla está muy ajustada. A cierre de marzo de 2023, superaba la barrera de los 4.000 empleados. Después de los ajustes y las reubicaciones de empleados en el grupo Vodafone, la plantilla que asumirá Zegona se situará en los 3.700. Entienden que no hay margen de ajustes en este sentido, pues los equipos ya están especialmente exigidos ante el tamaño de las operaciones en el país.

Los costes laborales que supusieron en la plantilla en el ejercicio 2022, que acabó en marzo de 2023, fueron de 257 millones de euros frente a los 347 millones del año anterior, según queda reflejado en las cuentas anuales presentadas por la operadora. Aquí hay que tener en cuenta los costes vinculados al Expediente de Regulación de Empleo pactado en 2021 pero ejecutado durante el año siguiente. En la plantilla hay quien entiende que no hay mucho margen para el ajuste.

Desde el año 2013, la plantilla de la operadora británica ha vivido más de 3.000 despidos. En total han sido cuatro EREs. Ese ejercicio salieron 620 trabajadores -14% de la plantilla-; en 2015, tras la incorporación de la 'cablera' ONO por 7.200 millones se recortaron 1.059 puestos de trabajo; en 2019 salieron en torno a un millar -un 20%-, y en 2021 hubo 442 afectados. En este último se abonaron indemnizaciones brutas de 50 días por año trabajado con un máximo de 33 mensualidades (muy similar a 2019 y mejores a las de 2015 que se firmó con 45 días hasta 2012 y 33 días por año para el resto). Para los empleados con salarios inferiores a 30.000 euros se le ofrecía un complemento indemnizatorio de 6.000 euros. Además para mayores de 55 años se planteaba una prejubilación. En total hubo 356 adscripciones voluntarias y 47 salidas forzosas.

Sea como sea, Zegona deberá ser rápida en la ejecución de su plan de ajuste de costes generales en Vodafone España -sea con despidos o sin ellos-, pues el peso de la deuda a la que ha acudido para financiar esta adquisición es muy significativo. Sólo los intereses de la misma implicarán un desembolso de varios cientos de millones de euros al año. Tendrá una presión fuerte para reducir los desembolsos, mientras aprieta desde el punto de vista comercial con toda una ofensiva, especialmente marcada en el segmento del 'bajo coste', cuyas primeras medidas ya se han vislumbrado en los últimos meses.

Mientras todo esto sucede, durante las próximas semanas se tendrá que sustanciar el fichaje de José Miguel García, el exCEO de Euskaltel y Jazztel, como nuevo consejero delegado de Vodafone España y la salida de Mario Vaz. Es la persona en la que Zegona confía para este nuevo plan de reordenación del negocio español. Él contaba inicialmente con una cláusula de no competencia con Másmóvil después de su salida con un bonus millonario tras la OPA lanzada por este último en 2021. 

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