En la sede corporativa europea

CNMC envía a Irlanda la primera gran reclamación contra TikTok en España

El organismo regulador remite a su homólogo en aquel país la demanda de varias asociaciones de consumidores por la gestión de la privacidad y de los datos de niños y adolescentes en la 'app'.

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La CNMC remite a Irlanda la demanda española de la OCU.
Europa Press
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha remitido a la autoridad audiovisual irlandesa una demanda de la organización de consumidores OCU contra la aplicación de vídeos online de origen chino TikTok por su gestión de la privacidad y de los datos. Se trata de la primera denuncia de este tipo en España, después del fuerte crecimiento de esta plataforma, especialmente entre adolescentes y jóvenes. El organismo presidido por Cani Fernández entiende que el asunto se debe dirimir donde se encuentra el establecimiento permanente de la compañía.

El pasado mes de febrero, la OCU entregó un escrito a la CNMC poniendo de manifiesto una serie de incumplimientos de la directiva europea relativa a la prestación de servicios audiovisuales por parte del gigante chino. Se trataba de uno de los pasos de la estrategia coordinada de un total de 17 organizaciones de consumidores europeas de 15 países para tratar de atar en corto al dueño de la aplicación de vídeos cortos en su rápida irrupción en este mercado. En esa iniciativa también se encontraban otros colectivos españoles como la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin). Todos ellos identificaban un conjunto de prácticas que, en última instancia, podrían suponer un quebranto de los derechos del menor. Asufin señalaba varias "cláusulas contractuales abusivas y prácticas engañosas" del gigante chino.

La denuncia no es contra los creadores de contenido de la plataforma de intercambio de vídeos, sino contra ésta última. La directiva establece una serie de obligaciones para este tipo de compañías para garantizar la protección del menor de contenidos que puedan perjudicar su desarrollo y la protección al público en general de contenidos que inciten a la violencia o el odio. Pese a que la CNMC tiene atribuciones para analizar este tipo de casos -y así lo hace con compañías españolas, como los grandes grupos audiovisuales o compañías de telecomunicaciones con servicios de televisión-, el organismo advierte en el escrito de la Sala de Supervisión Regulatoria, fechado a principios de marzo y consultado por La Información, que hay que tener en cuenta la aplicación del principio de país de origen

Según este principio, la labor de supervisión de los prestadores que ofrezcan servicios en España, pero estén establecidos en otro Estado miembro, no corresponderá a la Comisión sino a la autoridad de regulación de dicho estado. TikTok opera, como sucede con otras muchas compañías tecnológicas, desde Irlanda en lo que a privacidad se refiere. Google hace lo mismo con Youtube, al igual que Facebook con la red social de fotografías y vídeo Instagram. Debido a que ese es su establecimiento permanente, según recuerda la CNMC, el control y supervisión de las obligaciones para garantizar los derechos del menor no les corresponde a ellos sino a la Broadcast Authority of Ireland.

La CNMC, por tanto, no entra al fondo de la cuestión respecto a si TikTok respeta la normativa o no, sino que traslada directamente el caso. Las posibles consecuencias se dirimirán en Irlanda. No es el único frente que la OCU y el resto de asociaciones de consumidores abrieron en España. También ha presentado una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, que aún no ha planteado ninguna respuesta. En el pasado, el organismo ya interpuso multas a otros gigantes. El caso más llamativo fue en 2017, cuando reclamó a Facebook un total de 1,2 millones de euros por, entre otros, no informar apropiadamente y, por tanto, no tener el consentimiento necesario para el tratamiento de los datos.

¿Cómo opera TikTok en España? Hasta septiembre de 2020, la compañía no tenía filial en el país y dependía de la matriz con sede en Reino Unido. La oficina en Londres acogía al equipo español, encargado de desarrollo del negocio publicitario y de la relación con la comunidad. Sin embargo, ese mes constituyó TikTok Information Technologies Spain, con sede en Madrid y en manos de la británica. Tiene los 3.000 euros de capital mínimo legal y su administrador único es el 'manager general' para Europa, Rich Waterworth. El objeto social  de la sociedad es "el desarrollo, comercialización, suministro y venta de productos y/o servicios relacionados con internet". El servicio de intercambio de vídeos se presta desde Irlanda, aunque la facturación se ha hecho en el arranque desde Reino Unido.

No hay datos aportados por la compañía referidos a España, ni de facturación ni tampoco de número de usuarios. Para estos últimos hay que acudir a la consultora eMarketer, que el pasado mes de octubre estimó que en el país había en torno a 7,5 millones de usuarios activos por debajo de Francia (9,3 millones), Alemania (9,1), Reino Unido (8,5) e Italia (8,3). El crecimiento ha sido fulgurante, con una penetración muy importante entre la población más joven.

Escrutinio creciente

El escrutinio sobre la compañía china en Europa no ha dejado de crecer en este tiempo. Y la autoridad irlandesa tiene un buen número de demandas procedentes de diferentes países por la gestión de los datos. El pasado mes de marzo, la comisaria de protección de datos de Irlanda, Helen Dixon, advirtió que la aplicación podría estar enviando algunos datos de usuarios desde la Unión Europea a China. "Hemos entendido que existe la posibilidad de que los ingenieros de mantenimiento e inteligencia artificial en China puedan acceder a los datos", advirtió.

Al igual que han tenido que hacer otros gigantes tecnológicos, como Amazon o Facebook, TikTok presenta un informe de transparencia de manera regular en la que ofrece información sobre las solicitudes de datos de usuarios por parte de las autoridades de seguridad españolas. En concreto, se recibieron durante el segundo semestre del pasado 2020 un total de 11 peticiones legales de 9 cuentas radicadas en el país. "Para obtener información no pública del usuario, las autoridades policiales deben proporcionar la documentación jurídica requerida para el tipo de información solicitada, como una citación, una orden judicial o de arresto, o presentar una solicitud de emergencia", aclara la compañía.

Periodista económico nacido en tierras andaluzas (Jaén, 1983). Me incorporé al equipo de La Información a principios del año 2018 para cubrir el sector de las telecomunicaciones, las startups y las grandes empresas tecnológicas. Anteriormente, me ocupé de la misma área informativa en el diario 'El Español' desde su fundación. Durante los años previos colaboré en diversos medios como 'El Confidencial', 'Expansión' y las revistas 'Forbes' o 'Emprendedores'.

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