La ‘operación Puerto’ se abrió para saber si se puso en riesgo la salud de los ciclistas
- Se investigarán las técnicas de almacenamiento, conservación, transporte y suministro de las bolsas de sangre.
- Se quiere "demostrar o descartar la eventual comisión de un delito contra la salud pública".
- El doctor Fuentes y el hemátologo Batres aún pueden ser procesados.
La Audiencia Provincial de Madrid ha justificado su decisión de reabrir parcialmente la llamada ‘operación Puerto’ contra el dopaje para investigar si hubo riesgo para la salud de los ciclistas a los que trataron los doctores Eufemiano Fuentes y José Luis Merino Batres.
En un auto al que ha tenido acceso Efe, el tribunal explica que de las declaraciones de estos dos médicos y de su supuesto "correo", el ex ciclista de montaña Alberto León Herranz, "nacen dudas suficientes sobre si las técnicas de almacenamiento, conservación, transporte y suministro de los derivados hemáticos (durante la investigación se hallaron bolsas de sangre) fueron correctos".
Dice la sala que "puede pensarse en los más variados incidentes, desde un corte de energía eléctrica hasta un atasco de tráfico".
La sección quinta de la Audiencia de Madrid se refiere asimismo a "una
"Probablemente, la administración a personas que no lo necesitaran, dados los niveles hallados, no tendría efecto alguno. Ahora bien, consideramos que
Por ello, el tribunal entiende que "es pertinente la práctica de alguna diligencia" para "demostrar o descartar la eventual
Para ello, se basarán en las
Sólo se han admitido parte de los recursos
La Audiencia Provincial estima así parcialmente los recursos que la Abogacía del Estado y la Agrupación Internacional de Grupos Ciclistas interpusieron contra el archivo de la ‘operación Puerto’ acordado hace once meses por el juez Antonio Serrano.
El tribunal rechaza el resto de los recursos, ya que en España no es delito el consumo de sustancias tóxicas o psicotrópicas, ni el de medicamentos en mal estado, "ni siquiera la autolesión o el suicidio".
Sólo desde la entrada en vigor de la Ley Antidopaje el 22 de febrero de 2007, con posterioridad a los hechos investigados, es delito "prescribir, proporcionar, administrar, ofrecer o facilitar a los deportistas sustancias o grupos farmacológicos prohibidos (...) destinados a aumentar sus capacidades físicas".
El tribunal también rechaza el argumento de la Agrupación Internacional de Grupos Ciclistas de que existió una estafa.