El texto señala que se retendrán los datos relativos a las llamadas telefónicas -incluidas las no atendidas si ya están almacenadas por las compañías- así como las comunicaciones por Internet.

La información permitirá saber quién ha hecho la llamada, a quién, desde dónde y cuánto ha durado. Esta información se conservará entre 6 y 24 meses. No así  su contenido, al que sólo se puede acceder si hay una orden judicial.

Se trata de una medida muy polémica, a la que se oponen distintos grupos en defensa de la privacidad de las comunicaciones. En Europea Digital Rights llevan meses recogiendo firmas en contra de esta iniciativa. 

Sostienen que "la retención de datos es una técnica invasiva que interfiere con las vidas privadas de 450 millones de europeos. Es una política que expande las capacidades de vigilancia de una forma sin precedentes. La retención de datos implica que los gobiernos pueden interferir con tu vida privada y las comunicaciones privadas sin importar si eres o no sospechoso de un crimen".

Una árdua negociación

La presidencia británica de turno de la UE ha reconocido que para lograr el acuerdo todos los países han tenido que realizar concesiones y ha expresado su confianza en que el texto acordado podrá ser aceptado por el Parlamento Europeo, que tiene poder de codecisión.

Por su parte, la Comisión Europea ha aceptado el acuerdo, aunque incluirá una declaración paralela para resaltar que no habrá distorsiones a la competencia por el coste que esta medida podría suponer para las industrias de telecomunicaciones.

Para luchar contra el terrorismo

La propuesta de directiva, que se discute desde hace más de año y medio, busca armonizar en los Estados miembros unas normas mínimas para conservar una información que ahora sólo tiene fines comerciales y que aseguran se ha demostrado útil en investigaciones de atentados terroristas como los del 11 de marzo en Madrid.

El ministro español de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, señaló antes de conocerse el acuerdo que el rastro que dejan las llamadas "puede jugar un papel enormemente relevante en la depuración de responsabilidades penales por crímenes terroristas".

No obstante, sus detractores defienen que no servirá para frenar el terrorismo: "si se aplican medidas de vigilancia, los terroristas simplemente las evitarán. Pueden comunicarse por Internet usando sistemas no ubicados en territorio de la Unión Europea, y los datos de esas comunicaciones no se almacenarán un año. Pueden planificar sus acciones reuniéndose en persona, como precisamente hicieron los terroristas del 11-S por si interceptaban sus comunicaciones". 

¿Quién se hará cargo?

En cuanto al coste extra, que las compañías reclaman sean asumidos por los Estados, el ministro afirmó con rotundidad que "no se puede admitir que exista el resarcimiento económico a las empresas por cumplir estas reglas".

Frente a los cálculos oficiales de un coste anual de entre 1 y 4 millones de euros por compañía, el sector estima que sólo los cambios necesarios para registrar los datos relativos a las llamadas fallidas en líneas fijas supondría una inversión de 100 millones de euros.