El Gobierno trata de paliar la ola de críticas que ha recibido su nuevo anteproyecto para proteger la propiedad intelectual en Internet y cerrar las webs de descargas piratas. En un comunicado, el Ministerio de Cultura afirma que solo cerrará webs de descargas masivas y no procederá contra usuarios individuales.
[La norma] tiene como único destinatario final las páginas web que difundan o comuniquen públicamente de forma masiva (...)
A última hora de este miércoles, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha convocado a una reunión para este jueves a las 10.00 h a varios blogueros y periodistas digitales para hablar del anteproyecto. Entre los convocados están Julio Alonso (Merodeando), Enrique Dans (enriquedans.com), Alvy, de Microsiervos, y José Cervera (Perogrullo).
En su comunicado, Cultura también avisa de que "no se erigirá en un órgano de vigilancia de la red" y que "actuará solo a instancia de parte, cuando un titular de derechos o una entidad de gestión colectiva de derechos denuncien que la difusión de sus obras en Internet se está realizando sin licencia ni autorización".
El ministerio afirma que la "defensa de la propiedad intelectual" será respetuosa con "las máximas garantías jurídicas". Se ampara en la decisión del Parlamento Europeo de permitir a los Estados decidir qué órgano debe cerrar una web o cortar el acceso a Internet.
A diferencia de otros Estados europeos, afirma Cultura, España "no contempla medida alguna contra los usuarios individuales y tiene como único destinatario final las páginas web que difundan o comuniquen públicamente de forma masiva contenidos protegidos sin autorización de sus titulares, o sin cobertura legal de otro tipo".
"A instancia de parte"
La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual señalará que la autoridad competente en la materia no será un juez, sino la Comisión de Propiedad Intelectual, que ya existe en el Ministerio de Cultura.
La Comisión no se erigirá en un órgano de vigilancia de la red y no realizará labor de inspección preventiva
"La Comisión no se erigirá en un órgano de vigilancia de la red y no realizará labor de inspección preventiva alguna, ya que sólo actuará a instancia de parte, cuando un titular de derechos o una entidad de gestión colectiva de derechos denuncien que la difusión de sus obras en Internet se está realizando sin licencia ni autorización", menciona el comunicado.
Los datos que se pedirán a las operadoras para proceder contra webs "se referirán sólo a las direcciones y titularidad de las páginas web y no serán de carácter personal".
Reducir el "menoscabo económico"
Con estas reformas, el Gobierno pretende disminuir el "menoscabo económico" que causa a la industria la "vulneración de los derechos de propiedad intelectual". Esa vulneración causa la "desaparición de empresas y la destrucción de puestos de trabajo" y supone una "competencia desleal".
"Al mismo tiempo, la reforma tiene como principio central defender la libertad de expresión de todos los ciudadanos y en particular de los creadores", indica el texto.
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