Denuncian a las compañías de móviles por quedarse con el saldo de los que no recargan

Las principales compañías de telefonía móvil han sido denunciadas ante las autoridades de Consumo por apropiarse del saldo de los usuarios con tarjetas de prepago si no realizan recargas en determinados plazos, según informa Consumidores en Acción.

Movistar, Vodafone y Orange, denuncian, no sólo dan de baja las líneas, sino que se quedan con las cantidades prepagadas por los usuarios que no vuelvan a recargar sus tarjetas en siete, diez y trece meses, respectivamente.

FACUA advierte a las compañías de que deben devolver a los usuarios las cantidades abonadas. Y para argumentarlo, se basa en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre), que considera abusivas "las estipulaciones que impongan (...) la pérdida de las cantidades abonadas por adelantado y el abono de cantidades por servicios no prestados efectivamente". Así lo establece el artículo 87.6 de la norma.

Por ello, ha denunciado a las operadoras ante el Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad y Política Social y autoridades de protección al consumidor autonómicas, entre ellas la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, donde las compañías tienen sus sedes sociales.

Ni siquiera por costes de mantenimiento

Las compañías ni siquiera pueden justificar que todos los usuarios que no realizan recargas en los plazos establecidos únicamente les reportan costes de mantenimiento, indica FACUA porque, en primer lugar, la mera recepción de llamadas por parte de estos ya representa una fuente de ingresos para las compañías.

Pero además, hay usuarios que no necesitan realizar recargas con las frecuencias estipuladas por sus compañías al no tener niveles de consumo elevados, aunque sí consumen saldo al realizar llamadas, envíar mensajes o contectarse a Internet.

Es más, si las compañías consideran que determinados clientes pueden no resultarles rentables, están en su derecho a establecer determinadas condiciones de consumo. Pero siempre que éstas no resulten abusivas y devuelvan el saldo a los usuarios a los que den de baja.

Condiciones abusivas