Según informaron fuentes jurídicas, las diligencias contra el sindicato LAB para investigar si daba cobertura al entramado ETA-EKIN, que fueron abiertas en el verano de 2003, se acumularon hace unos meses a petición de la Fiscalía de este tribunal al sumario 35/02, en el que está procesado, entre otros, el dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi.
Las diligencias sobre LAB fueron conocidas a raíz de la ilegalización de las candidaturas de Aukera Guztiak, cuya proclamación fue anulada por el Tribunal Supremo y el Constitucional antes de las elecciones vascas del pasado 17 de abril.
Un mes antes de esa fecha, Grande-Marlaska, entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 y ahora al frente del número 5, dio traslado a la Fiscalía del contenido de conversaciones entre dirigentes de EKIN, LAB y Batasuna con miembros de Aukera Guztiak y de un boletín interno de ETA de los que se concluía la "estrecha relación" entre la formación abertzale y la agrupación electoral.
En la resolución se afirmaba que a partir del pasado mes de febrero Usabiaga "mantiene distintas conversaciones con personas integrantes de la plataforma Aukera Guztiak, caso de Antton Lafont Mendizabal -con el que habló los días 2 y 3 de marzo- y otros no identificados".
De esas conversaciones "debe inferirse razonablemente la relación de Díez Usabiaga con la estrategia de doble lista, organizando y dirigiendo principalmente la denominada 'lista blanca'", decía el juez, que añadía que "no puede obviarse asimismo la relación de Díez Usabiaga en estrategias similares verificadas en proyectos electorales anteriores".
En el auto se hacía referencia también a la presunta responsable de EKIN (sucesora de KAS) Elizabet Zubiaga San José, quien también ha sido citada mañana para declarar como imputada en la misma causa.
Zubiaga mantuvo una conversación con el preso etarra Jorge García Sertutxa durante la que le informó sobre la intención de la ilegalizada Batasuna de concurrir a las pasadas elecciones vascas con una "lista blanca" en la que figuraran personas sin vinculación con ETA o con los partidos ilegalizados HB-EH-Batasuna.
Grande-Marlaska investiga también si existe una estrategia similar de Batasuna respecto del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK-PCTV), cuya candidatura, al contrario que la de Aukera Guztiak, no fue impugnada y obtuvo nueve escaños en las pasadas elecciones al Parlamento vasco.
Tras admitir a trámite la querella que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) interpuso contra varios miembros de ese partido por haber supuestamente facilitado sus listas electorales a Batasuna en las pasadas elecciones, el juez tomó declaración la semana pasada como imputados por un delito de integración o de colaboración con ETA a siete personas relacionadas con EHAK-PCTV.
Tres de ellas, vinculadas al aparato de comunicación de este partido, deben depositar antes de las 14.00 horas de mañana lunes una fianza de 100.000 euros si quieren eludir el ingreso en prisión.
Se trata de Juan José Petrikorena, Peio Gálvez y Joseba Zinkunegi, este último detenido ayer sábado por no cumplir la obligación que le había sido impuesta por el juez de comparecer dos veces al día en una comisaría de la Ertzaintza mientras no abonara la fianza. Grande-Marlaska revocó la libertad provisional de Zinkunegi, ordenó su ingreso en prisión y convocó para las 13.00 horas de mañana una comparecencia en la que decidirá sobre la situación en la que queda este imputado.
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