Algunos expertos en propiedad intelectual temen que una propuesta de pacto internacional contra la piratería genere intrusiones en la vida de las personas, como en el caso de registros de ordenadores y reproductores portátiles en las fronteras, donde los agentes de aduanas buscarían música y películas obtenidos ilegalmente.
El tratado se elabora con el apoyo de sectores como el cine y la música, que han intentado defender de forma agresiva sus obras de la falsificación, la piratería comercial y la distribución en Internet, y de forma que, por ejemplo, en Estados Unidos, no necesitaría la aprobación del Senado.
"Los consumidores no han sido invitados a este proceso. Es un puñado de (representantes de la) industria y no hay equilibrio", denunció Susan Sell, directora del Instituto de Estudios Globales e Internacionales en la Universidad George Washington.
Sell y el grupo de derechos digitales Public Knowledge creen que la industria del cine y de la música ya han ido demasiado lejos combatiendo la piratería, exigiendo la ayuda de los proveedores de Internet para identificar a los sospechosos de piratería o demandando a miles de personas por intercambiar archivos. En cuanto a los registros de dispositivos electrónicos en las fronteras, un representante de las autoridades comerciales de EEUU indicó que es una práctica legal desde hace tiempo, y que ahora intenta aplicarse al ACTA.
La ayuda de las operadoras de Internet
Otro tema en cuestión es cuánto deben ayudar los proveedores de Internet en identificar a los piratas. En Estados Unidos, la industria discográfica ha tomado medidas legales para obligar a los proveedores a identificar los ordenadores utilizados para subir material registrado. Pero entregar esa información a una empresa podría resultar especialmente polémico en España, Italia y Alemania, países con estrictas leyes de privacidad.
En este sentido, la industria del cine cree que la protección de la privacidad está entorpeciendo sus esfuerzos para proteger su propiedad intelectual. Por el contrario, los defensores de los consumidores afirman que la batalla legal sobre si la industria del cine puede perseguir a los propietarios de un DVD que copian la película a su ordenador para uso privado -algo que no sería un problema en el caso de música o literatura- es un ejemplo de cómo se está poniendo trabas al consumo legítimo de los ciudadanos.
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