Un ataque contra los sistemas operativos de la bolsa o la red eléctrica "causaría un daño económico mucho mayor que un atentado terrorista físico", dijo el fiscal general del Estado, Robert McClelland.
La nueva legislación necesitaría de una enmienda de la actual Ley de Telecomunicaciones, que permite intervenir los correos electrónicos únicamente a las agencias de seguridad.
Esta propuesta ha sido muy criticada por los defensores de las libertades civiles, quienes afirman que podría ser utilizada con malicia por los empresarios contra sus trabajadores.
"Lo que nos preocupa es que puedan utilizar (estos poderes) para escuchar a escondidas y para hacer cazas de brujas empresariales, más que para proteger Australia de un ataque cibernético", según Dale Clapperton, presidente de Electronic Frontiers Australia, que defiende los derechos de los usuarios de Internet.


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