La nueva ley de Internet dice que sólo un juez podrá cerrar webs en casos de piratería

La Comisión de Industria del Congreso de los Diputados aprobó en la tarde del martes por unanimidad la Ley de medidas de Impulso a la Sociedad de la Información (LISI), conocida como la nueva Ley de Internet. Las enmiendas introducidas por los grupos garantizan que sólo los tribunales tienen competencia para intervenir en asuntos que afecten a la libertad de expresión. También que las administraciones deberán conseguir antes del 31 de diciembre de 2008 la cobertura de servicio universal de banda ancha en todo el Estado.

Los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, a excepción del PP, manifestaron su apoyo al texto de la ley "manifiestamente mejorada" tras la introducción de al menos 14 enmiendas transaccionales --algunas de ellas refrendadas por los 'populares'--, y otra veintena de correcciones propuestas por los grupos.

Tras los avances de hoy, según la portavoz socialista Lourdes Muñoz, "se ha conseguido un gran acuerdo que pone fin a la incertidumbre y deja claro que los contenidos y la libertad de expresión e información en Internet sólo pueden ser juzgados en los tribunales de Justicia".

La enmienda pactada hace referencia a la existencia de "autoridades competentes" en la salvaguarda de derechos fundamentales que tendrán capacidad de intervenir en cuatro supuestos de cooperación intracomunitaria.

Estos casos son aquellos que pongan en riesgo la "salvaguarda del orden público, la investigación penal o la defensa nacional", "la protección de la salud pública y de los consumidores y usuarios", así como en los que se lesione "el respeto de la dignidad de la persona y la no discriminación por motivos de raza, sexo, opinión nacional o discapacidad", y finalmente en virtud de la "protección de la juventud y la infancia".

Muñoz puso ejemplos como el Consejo Audiovisual de Cataluña o el Ministerio de Industria, que pueden ordenar la retirada de determinados contenidos publicitarios, y las autoridades sanitarias o de consumo sobre productos en el mercado que no cumplen los requisitos, pero insistió en que "la censura no entra en esta ley".

El nuevo texto abunda en que, incluso en los casos antes citados, "se respetarán los derechos a la intimidad, la protección de los datos personales, y la libertad de expresión o información" cuando puedan resultar afectados y que sólo "la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas previstas" en caso de que estas libertades se vean amenazadas, tal y como establece la Constitución.

En cuanto a la protección del derecho a la propiedad intelectual, según comenta la portavoz socialista, "no cabe en estos supuestos", por lo que la Ley no establece distinciones más que para los derechos fundamentales en los cuatro casos citados y la garantía de la libertad de expresión e información.

Impulso público al servicio universal de banda ancha

Por otra parte, se incorpora, también con el apoyo de todos los grupos, la obligación al Gobierno para impulsar la extensión de la banda ancha, a fin de conseguir, antes del 31 de diciembre de 2008, "una cobertura de servicio universal de conexión de alta velocidad para todos los ciudadanos, independientemente del tipo de tecnología y la ubicación geográfica" en el Estado.

También fue unánime el apoyo a una medida que introduce la obligación de que exista una "oferta suficiente de teléfonos públicos y de equipos terminales de acceso a Internet de banda ancha", y que todos los usuarios finales "puedan obtener una conexión a la Red que permita las comunicaciones de fax y datos a la velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet".

Entre el resto de medidas que no contaron con el apoyo de todos los grupos, se aprobó la exigencia a los operadores de informar a sus clientes sobre medidas de seguridad contra virus o correo basura, el apoyo a iniciativas sin ánimo de lucro en Internet que promuevan valores democráticos, así como la puesta a disposición del público de contenidos digitales o digitalizados que pertenezcan sin restricciones a las Administraciones Públicas. Finalmente, quedará recogido el derecho a la cesión de derechos de explotación de obras ara su uso libre, conocido como 'copyleft'.