"Expresamos nuestra convicción de que el Estado de Derecho ha demostrado su fortaleza y superioridad frente al terrorismo. A ETA sólo le queda un destino: disolverse y deponer las armas. Ésta es la exigencia de la ciudadanía vasca y ésta es también la actitud de la totalidad de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados".
"Por eso, y convencidos como estamos de que la política puede y debe contribuir al fin de la violencia, reafirmamos que, si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad para poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular. La violencia no tiene precio político y la democracia española nunca aceptará el chantaje de la violencia".
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