Más de 60 organizaciones sociales y sanitarias piden que se derogue la reforma sanitaria

Más de 60 organizaciones y plataformas del ámbito social, profesional y científico han firmado un manifiesto en el que exigen al Gobierno que derogue la reforma sanitaria puesta en marcha hace dos años por el Ministerio de Sanidad y elabore una nueva Ley de Sanidad que establezca las condiciones para un Sistema Nacional de Salud (SNS) "universal, de calidad, y sostenible".

El manifiesto está firmado por entidades sin ánimo de lucro como Amnistía Internacional, Cáritas Española o Médicos del Mundo, y sociedades científicas como la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFyC) o la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).

Según denuncian, con la reforma impulsada por la ministra del ramo, Ana Mato, la asistencia sanitaria "dejó de ser un derecho de todas las personas y pasó a ser una prestación vinculada a la condición administrativa de asegurado", lo que propició que al menos 873.000 personas hayan perdido ese derecho.

"Hablamos de una población especialmente vulnerable y que debería gozar de medidas de protección sociosanitarias. Hay que apuntar además, que se trata de un colectivo que, al igual que todo ciudadano viene contribuyendo a su financiación mediante los impuestos", ha recordado.

Además, denuncian que la diferente aplicación de la reforma por las comunidades y la "disparidad de criterios en la aplicación" por parte de los centros sanitarios ha "deteriorado aún más" la cohesión territorial, y "ha convertido el acceso a la atención sanitaria en un auténtico laberinto administrativo".

De hecho, aseguran que incluso en aquellos supuestos en los que se reconoce el derecho a la atención (embarazadas, menores, atención de urgencias) se han originado "numerosos casos de desatención", sin que a su juicio se haya tomado ninguna iniciativa para atajar estos incumplimientos.

Después de que varios organismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa hayan subrayado que esta reforma contraviene estándares internacionales de derechos humanos y de que hasta la fecha no se haya publicado ningún cálculo sobre el ahorro que ha generado la reforma, piden su derogación y la elaboración de una nueva norma que "nazca de un amplio consenso" con las diversas fuerzas políticas, organizaciones sociales y sociedades científicas.

En ella, según piden, deberían establecerse las condiciones para un SNS universal, de calidad, y sostenible "sobre la base de una gestión eficiente, eficaz y transparente".

Además, cree que debe "garantizar el derecho a la protección y promoción de la salud establecido en la Constitución Española, y el derecho de toda persona al disfrute del mas alto nivel posible de salud, tal y como es definida por la OMS".