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El edil de Urbanismo de Ogíjares en Granada dimite por «presiones»

El concejal seguirá siendo el portavoz del Gobierno municipal. En Marbella, Muñoz dice que desconocía los informes que firmó.
José Luis del Ojo deja Urbanismo, pero continuará siendo la cara visible del Ayuntamiento de Ogíjares (en Granada). El concejal dimitió ayer de su cargo al frente de Urbanismo y Contrataciones debido a las denuncias del PSOE por supuestas irregularidades, pero no abandonará su puesto de portavoz del Gobierno municipal. El alcalde, Francisco Plata, asumirá sus responsabilidades en estas áreas.

«Me marcho única y exclusivamente por la persecución y la presión mediática totalmente injusta... Tengo las manos limpias», afirma Del Ojo en un comunicado.

Las dudas sobre la legalidad de las actuaciones del también diputado nacional por el PP provocaron hace unos días el cese como concejal de Educación y Deportes de la ex andalucista Florinda Blanco tras considerar que Del Ojo debía dimitir «por falta de transparencia».

La caída del ex concejal de Urbanismo comenzó en septiembre, cuando unos vecinos denunciaron que un solar había sido adjudicado para hacer viviendas a un precio irrisorio, cuando su uso era de equipamientos y comercial.

Ante la Fiscalía

Tras esta polémica, el PSOE ha anunciado que llevará a la Fiscalía toda la documentación relativa a las actuaciones urbanísticas del Ayuntamiento. Además, ha pedido que se abra una comisión de investigación para conocer «los interrogantes de la adjudicación de las obras de la nueva Casa de la Cultura».

Al parecer, el proyecto tenía un presupuesto de 606.000 euros. Una sola empresa se presentó a concurso fijando un precio total de 4,1 millones euros, a pesar de lo cual aceptó el encargo por menos dinero. Sin embargo, meses más tarde, el Ayuntamiento aprobó una segunda fase para la Casa de la Cultura por 3,5 millones (el dinero que faltaba).

Conciencia para infringir la ley

El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y cuatro ediles que declararon ayer como imputados en tres diligencias por un delito contra la ordenación del territorio argumentaron que desconocían el contenido íntegro de los informes elaborados por Urbanismo para la concesión de licencias. El abogado de los detenidos afirmó que «no tenían conciencia de estar infringiendo ninguna normativa y que no se podía hablar de que hubiera un plan urbanístico claro». En esta causa se investiga la concesión en 1998 para la construcción de casas adosadas en suelo rústico.

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