El ex asesor presidencial peruano, Vladimiro Montesinos, fue condenado a 20 años de prisión por la venta de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), confirmó el procurador, Juan Carlos Portocarrero.
Esta sentencia, que sigue a otras doce condenas desde que Montesinos fuera detenido en Venezuela, en junio de 2001, es la mayor y por tanto la que deberá cumplir, ya que en Perú las penas no son acumulativas.
La lectura de la sentencia se prolongó durante casi doce horas ante la mirada impasible del que fuera el hombre fuerte del régimen de Alberto Fujimori (1990-2000).
Montesinos fue condenado junto con otros 35 implicados en la venta de armas, entre ellos el español, Juan Manuel López Rodríguez, quien recibió una pena de 15 años de prisión, al igual que los hermanos Luis Frank, y José Luis Aybar Cancho; el francés Charles Acelor, y el instructor de paracaidismo Santos Cenepo Shapiama.
El expediente judicial, que consta de cerca de 40.000 folios, fue elaborado de forma paralela por las judicaturas de Perú y Colombia, que a su vez contaron con la ayuda del servicio de inteligencia de Estados Unidos.
Montesinos fue considerado culpable de adquirir armas en Jordania y venderlas a las FARC en 1999, lo que implica que cometió delitos de violación de la soberanía de un Estado extranjero, conspiración política, y suministro ilegal de armas a grupos subversivos.
Este caso ha permitido que el denominado "Rasputín de los Andes" sea procesado también por la justicia colombiana, que investiga aún el tráfico de armas jordanas.
En agosto de 2000, el todavía presidente Fujimori presentó a su asesor Vladimiro Montesinos como el artífice del supuesto desmantelamiento del tráfico de 10.000 fusiles AKM jordanos a las FARC, hecho que fue negado posteriormente por el Gobierno de Bogotá y desató el proceso.
Esta sentencia se considera clave, ya que junto con otros casos pendientes relativos a narcotráfico y violación de los Derechos Humanos, implican condenas iguales o superiores a 20 años.
Apenas recibió la noticia de la condena, se acercó a su abogada, Estela Valdivia, a quien comentó que se reserva el derecho de interponer un recurso de nulidad, dijo el procurador Portocarrero.
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