La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido a la sala de lo penal de este tribunal que ordene la alimentación forzosa del preso etarra Ignacio de Juana Chaos, en huelga de hambre desde el pasado 7 de agosto , en cuanto su estado de salud se agrave, pero sin esperar a que pierda la consciencia.
En un escrito presentado a la sala, el fiscal Jesús Alonso justifica su petición diciendo que la huelga de hambre que protagoniza el recluso "puede poner la salud y la vida del mismo en peligro, circunstancia que en ningún momento puede ser permitida ni aceptada ni por la Administración Penitenciaria ni por la Autoridad Judicial".
Incluso por la fuerza
Por ello, solicita que se acuerde la alimentación forzosa de De Juana "no sólo cuando el interno llegue a un estado de inconsciencia, sino que deberá acordar dicha alimentación cuando el estado de salud se agrave, debiendo llevar a cabo la misma de forma coactiva si fuese necesario".
La alimentación forzosa, según la Fiscalía, está avalada por una sentencia del Tribunal Constitucional, que "entiende que la misma no sólo no vulnera derecho alguno del interno, sino que la misma deviene necesaria y obligatoria por la especial relación de sujeción que tiene el internado en centro penitenciario con la Administración que lo tiene en custodia".
El representante del ministerio público recuerda que el Reglamento Penitenciario establece que la intervención médico-sanitaria podrá realizarse sin el consentimiento del interno "cuando el no hacerlo suponga un peligro evidente para la salud o la vida de terceras personas".
El motivo de la huelga
De Juana Chaos comenzó la huelga de hambre -no come, aunque sí bebe agua- por "motivos político-judiciales", pues entiende que ya ha cumplido condena y que debería haber sido excarcelado.
El etarra está en prisión preventiva tras haber sido procesado en agosto de 2005, mes en el que -gracias a las redenciones que contemplaba el Código Penal de 1973- extinguía la condena que se le impuso por su participación en once atentados que costaron la vida a 25 personas, y que superaba los 3.000 años de prisión.
Su prevista excarcelación causó alarma entre las víctimas del terrorismo, pero fue evitada cuando fue procesado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por integración en organización terrorista y amenazas en relación con dos cartas que De Juana publicó en el diario Gara en diciembre de 2004.
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