La conocida como ley Sinde y posteriormente como ley Sinde Wert sigue adelante a pesar de las numerosas polémicas y trabas a las que se ha enfrentado desde que comenzara a gestarse allá por 2009. En diciembre de 2011, el Gobierno aprobó el reglamento con el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual; en marzo, comenzaba a funcionar la citada ley; durante el primer mes en vigor ya se habían recibido 213 demandas; en abril, EE UU mostraba su satisfacción y sacaba a España de la lista negra de "países piratas"; en mayo, el Tribunal Supremo denegó la suspensión de la Comisión de Propiedad Intelectual, solicitada por la Asociación de Internautas...
Ahora se ha hecho público el primer objetivo de la comisión de Propiedad Intelectual, la primera web que este organismo pretende cerrar aplicando la ley Sinde. El portal seleccionado ha sido Bajui, una página de enlaces administrada por Juan José Coronel, tal y como ha revelado su abogado, el experto en propiedad intelectual David Bravo.
El responsable de Bajui ya había ganado en los tribunales, tanto por lo penal como por lo civil Según expica el abogado, Juan José Coronel ya había sido llevado a los tribunales, tanto por lo penal como por lo civil, como responsable de la citada página. En ambos casos, Coronel salió airoso. En el caso del procedimiento penal, se aceptó una petición de sobreseimiento ya que los jueces entendieron que "los hechos denunciados simplemente no eran delictivos". Por otro lado, en el procedimiento civil, "SGAE retiró su demanda tras ver cómo se denegaba su petición de cierre cautelar de la web y se le multaba por mala fe procesal".
Estas victorias en los tribunales sirven ahora de poco, ya que la Comisión de Propiedad Intelectual puede actuar al margen de las sentencias previas. En el caso concreto de bajui.com, lo que ha hecho la comisión ha sido dirigirse contra Uploaded.to, una empresa registrada en Suiza que al parecer aloja el disco de Luz Casal Un Ramo de Rosas.
Independientemente de lo que hagan los responsables de Uploaded.to, que según el abogado probablemente no se enteren de nada, el procedimiento está pensado para acabar con Bajui, web a la que acusan de intermediaria y a la que solicitarán que retire en un plazo de 72 horas todos los enlaces a la descarga del disco, subido a Internet sin autorización. Aparte de eliminar los enlaces, el procedimiento establece que Juan José Coronel deberá controlar que no se vuelvan a publicar en su página links al citado contenido protegido, con lo que se establece la obligatoriedad de un control constante de escasa viabilidad.
Coronel no tiene posibilidad de alegar puesto que el proceso no se ha realizado contra él sino que se le implica como mero intermediario. Sin embargo, en caso de no obedecer y retirar los enlaces, podría ser multado con una cantidad que oscila entre 150.001 y 600.000 euros. A raíz de esa imposibilidad de responder a la exigencia, los internautas han popularizado en Twitter el hashtag #sindefensa, que no ha tardado en convertirse en trending topic número uno durante las primeras horas del lunes.
La mayor preocupación del abogado David Bravo es que, tal y como ha explicado en otras ocasiones, la ambigüedad del texto de la ley Sinde posibilita que se ataquen no solo a las grandes webs de enlaces sino también a pequeñas páginas y blogs. "Un blog, por ejemplo, con enlaces a vídeos de Youtube puede entrar perfectamente en la categoría de intermediario y verse obligado, no solo a retirar los enlaces que tenga, sino a vigilar aquellos que escriben en los comentarios y que dirigen a la misma obra", explica Bravo. En el otro extremo, páginas como Google, Menéame o Wikipedia encajarían también en la categoría de intermediarios.
Según ha informado la Secretaría de Estado de Cultura, la Comisión de Propiedad Intelectual ya ha recibido 326 solicitudes y ha iniciado el trámite de 8 de ellas, por lo que es de esperar que pronto se conozcan las otras siete páginas que han recibido una orden similar a la dada a Bajui. Por otra parte, la Comisión "ha desestimado y archivado 243 solicitudes que presentaban faltas o no acompañaban algunos de los documentos preceptivos según lo establecido en el Real Decreto que regula este procedimiento en desarrollo de la Ley de Economía Sostenible".
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