El Gobierno disuelve el Ayuntamiento de Marbella

Según explicó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el Gobierno espera que las decisiones que adopte la Comisión Gestora se tomen desde "el  mayor consenso posible".

De igual forma, deseó que la nueva autoridad "devuelva la dignidad al Ayuntamiento de Marbella", después de la "Operación Malaya", que ha destapado una trama de corrupción en el Consistorio.   

Por último, Fernández de la Vega, destacó el "compromiso firme y decidido del Gobierno contra el fraude".

Informes

El Gobierno ha contado como exige la Ley, con los informes a favor de la disolución emitidos por el Senado y por la Comisión Nacional de Administración.

También ha contado con un dictamen del Consejo de Estado que establece que no hay plazo suficiente para convocar nuevas elecciones en ese municipio y que por lo tanto procede encargar la gestión del municipio a una gestora.

Por primera vez en la historia 

Esta ha sido la primera vez en la historia reciente de España que un Gobierno disuelva una corporación municipal.

Lo ha hecho basándose en el artículo 61 de la ley de Bases de Régimen local que le permite, a iniciativa propia o a instancias, como en este caso, del gobierno autonómico, disolver "los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales".

Julián Muñoz declara

El exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, acudió esta mañana a los juzgados marbellíes para declarar por un presunto delito urbanístico, en el denominado caso Holanducía, que investiga el Juzgado de Instrucción número 3.

También acudieron hoy a declarar como imputados Rafael González, Javier Lendínez, Tomás Reñones y Marisa Alcalá.

Las citaciones se producen después de que en julio de 2004 el PSOE presentara una denuncia ante la Fiscalía para que abriese una investigación por la concesión de una licencia de obras.

Esta autorización era para construir, en la zona de Holanducía, 40 viviendas y un centro comercial en una parcela calificada como "no urbanizable" en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986, según explicó en su día el portavoz socialista, Silvestre Puertas.

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