En París, una vez finalizada la manifestación que congregó a 84.000 personas, según la policía, y 700.000 según los sindicatos, y que tuvo el apoyo de la Confederación Europea de Sindicatos, un grupo de violentos se enfrentó a agentes anti-disturbios. También hubo choques en Rennes (oeste) y Lille (norte).
Trabajadores del sector del transporte y educativo francés protagonizan hoy una nueva jornada de paros, mientras miles de estudiantes toman las calles de las principales ciudades del país, en una protesta que esperan dé el toque de gracia a una polémica ley de empleo juvenil.
En España, esta jornada de huelga ha afectado a algunos aeropuertos, que ya han registrado retrasos y cancelaciones.
El principal defensor del Contrato de Primer Empleo (CPE), el primer ministro francés, Dominique de Villepin, ha visto cómo el apoyo a su gestión económica ha caído a su nivel más bajo desde que asumió el cargo hace casi un año, según una encuesta difundida el martes.
Los opositores a la nueva ley quieren ver en las calles al menos a tantas personas como la semana pasada, cuando entre uno y tres millones de manifestantes marcharon en la mayor manifestación vista en décadas en el país.
Huelga de transportes
Sólo dos de cada tres trenes de alta velocidad salieron de las estaciones de París hoy por la mañana, y varios servicios suburbanos fueron cancelados.
Pero en comparación con la semana pasada, los servicios del metro parisiense sólo sufrieron ligeras interrupciones.
En las ciudades del norte, como Lille, el transporte público no se vio afectado por las huelgas.
Los vuelos que partían de los aeropuertos franceses sufrían demoras de entre 30 y 90 minutos, según informaron las autoridades.
Grupos de estudiantes han dicho que intentarán bloquear carreteras, aeropuertos y vías ferroviarias.
Una masiva presencia policial, incluyendo unos 4.000 agentes en París, se desplegará para evitar que se repitan incidentes violentos.
Chirac
El presidente Jacques Chirac afirmó el viernes que firmará la ley que crea el CPE, diseñado para promover la contratación de jóvenes y que otorga los empresarios condiciones especiales para despedir a trabajadores menores de 26 años.
Pero también ordenó la suspensión de su aplicación hasta que el Parlamento apruebe los cambios que él mismo solicitó, como acortar de dos años a uno el plazo para los despidos.
Los sindicatos han prometido resistir las actitudes conciliatorias del gobierno a menos que exista el compromiso de retirar la ley de CPE e iniciar nuevas fórmulas para intentar acabar con el crónico desempleo juvenil, que se mantiene firme en el 22%.
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