El fiscal pide dos años de cárcel y cuatro de inhabilitación para ellos por un delito de lesiones por imprudencia grave, al entender que dispararon sin adoptar medidas de precaución y sin que hubiera incidentes, en una actuación que Interior no amparaba, ya que el director de la policía catalana no había autorizado el uso de ese material antidisturbios. Por su parte, la acusación particular que ejerce Ester Quintana reclama nueve años de cárcel y de inhabilitación para cada uno de los dos agentes.