La semana belga de Carles Puigdemont

La semana belga de Carles Puigdemont

ATLAS 05.11.2017 - 19:45h

Esta es la última vez que vimos a Puigdemont en España hace una semana. Estrenaba su destitucion como presidente del Generalitat con un baño de masas en su ciudad, Girona. El lunes saltaba la bomba. Viajaba de madrugada en coche hasta Marsella y de allí en avión a Bruselas. Le acompañan cinco ex consejeros. Visita que además amenazaba con abrir una crisis en el gobierno belga. El hasta el momento mejor aliado del process en Europa, observa ahora a Puigdemont y los suyos con recelo. El martes aparece en una abarrotada rueda de prensa. A pesar de la numerosa prensa española desplazada, responde sólo a cuatro preguntas de medios extanjeros y a una de TV3. Después entra en un taxi y no se le vuelve a ver. Solo un tuit para recordar el referendum del 1 de octubre y asegurar que sigue trabajando a pesar de las amenazas. Y el miércoles un comunicado para avisar de que no acudirá a declarar ante la justicia española. Puigdemont ha contratado a un abogado experto en evitar extradiciones, entre ellas las de terroristas de ETA, y que cobra entre 500 y 1.000 euros la hora. El jueves, el día en el que ocho de sus exconsejeros acabarán en prisión, Puigdemont no cambia de planes. Debe presentarse en la Audiencia Nacional, en lugar de ello, permanece en Bruselas donde se le puede ver desayunando en una cafetería frente al Parlamento Europeo aparantemente tranquilo. El viernes, su visita a Bélgica es oficialmente una fuga, se emite la orden de búsqueda y detención internacional contra él y los cuatro exconcellers que siguen allí... Están acusados de rebelión, sedición, malversación, desobediencia y prevariación. Él aparece en la televisión pública belga. Ahora se abre el tiempo de la justicia belga. A la espera de su actuación, ya la noche del sábado Puigdemont anunció estar dispuesto colaborar plenamente con los tribunales de ese país aunque eso no implique necesariamente volver a España. El proceso podría ser largo. Puigdemont tiene varios mecanismos para apelar de modo que su extradición, si se admite, podría tardar en producirse hasta 60 días, 90 en casos excepcionales.

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