Los repobladores de Fraguas, un pequeño poblado del siglo XII, se enfrentan a una pena de prisión de dos años y tres meses por un delito contra la ordenación del territorio, al no poder asumir, como exige la sentencia, la demolición de lo que han rehabilitado y cuyo presupuesto asciende a 110.000 euros, aunque en un principio se estimó en 27.000 euros.