Javier usó la comida de su negocio para ayudar a las familias más vulnerables de Valencia durante el estado de alarma. Repartió 84 raciones hasta que el 17 de marzo llegó un agente de la policía: “diciendo que lo que estábamos haciendo no se podía y que iba a llamar a sus superiores”, nos cuenta, “se personó a los pocos minutos diciendo que iba a hacer todo lo posible por cerrarme el local y que cuando abriera ya se encargaría él personalmente de cerrarme las persianas”. 

Le pedía un permiso de la Delegación del Gobierno del que nadie le había hablado y eso que intentó informarse antes de abrir su persiana. “Hablamos con Cruz Roja antes de iniciar la propuesta y hablamos con la Policía Local y nos dijeron que a través del BOE y de lo que había escrito que podíamos hacer este tipo de reparto”. La multa total asciende a cuatro mil doscientos un euros, una gran injusticia para los vecinos que no entienden por qué se sanciona a un joven que sólo quería apoyar a quienes necesitaban más ayuda. Javier y la asociación de vecinos que le ayudó recurrirán en los próximos días la denuncia.