En un comunicado, el sindicado consideró que, de haber recogido las recomendaciones del CES, el Decreto "hubiera mejorado sustancialmente, ya que se obvia la cuestión sobre la evaluación transversal de las condiciones laborales del personal y especialmente el obligatorio cumplimiento de los convenios, la aplicación de la legislación en materia de seguridad y salud laboral y la exigencia de cláusulas de subrogación".

Para CC.OO. Euskadi, esto significa "perder la oportunidad de que esta norma mejore la calidad de los servicios y las condiciones laborales de los profesionales que trabajan en el ámbito de la intervención social, lo que repercute en el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas que necesitan recurrir a dichos servicios".

Además, CC.OO. se mostró crítico con que el Decreto "se reduce a actividades orientadas a la promoción y protección de la autonomía personal e integración comunitaria de las personas, quedando excluidas aquellas otras que pertenecen a ámbitos sectoriales como la sanidad, la educación, el empleo o la vivienda".

Tras considerar necesaria "esta reordenación del apoyo a la iniciativa social no lucrativa" que ha llevado a cabo el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, el sindicato reclamó que las actividades y servicios que se desarrollan en el ámbito de la intervención social "deben ser públicos".

CC.OO. entiende que esta es "la mejor respuesta a las necesidades sociales con garantía de igualdad de acceso, de trato, de calidad de las prestaciones y de las condiciones laborales de las personas que los prestan".