La Fiscalía de Sevilla ha solicitado un año y medio de prisión para el alcalde de Camas (Sevilla), Agustín Pavón (IU), los concejales cameros José del Castillo y Antonio Enrique Fraile, el edil de Castilleja de Guzmán Aureliano Lucas y el empresario Eusebio Gaviño, además de una multa de 24.000 euros y el mismo período de inhabilitación especial para cargo público por un presunto delito de cohecho.

En su escrito de acusación provisional, el fiscal considera que los cinco imputados participaron en un presunto intento de soborno a la ex concejal de IU Carmen Lobo, quien denunció los hechos, con 12.000 euros para que votara a favor de determinados puntos del Pleno del Ayuntamiento celebrado el 13 de septiembre de 2005, según informó la Fiscalía.El documento, presentado ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla, recoge que el Ayuntamiento de Camas en el año 2005 y los anteriores, como consecuencia de una serie de "vicisitudes políticas"

Según el fiscal, "debido a la influencia política" que los acusados consideraban mantenía sobre María del Carmen Lobo Sánchez, "se abordó el beneficio económico que percibiría, no determinado y cambiante según los proyectos llevados al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación", si ésta votaba favorablemente a la aprobación en el Pleno.

Tras algunas reuniones más el imputado Eusebio Gaviño -reseña el escrito de acusación- se citó con María del Carmen Lobo en la noche del 12 de septiembre de 2005, hecho que se puso en conocimiento de la Brigada Provincial de Policía Judicial, y durante la reunión, el acusado le entregó 12.000 euros a cambio de votar favorablemente en unos determinados puntos del Pleno del Ayuntamiento de Camas que se celebraría al día siguiente, 13 de septiembre.

La Fiscalía recoge que el día 13 de septiembre de 2005, María del Carmen Lobo votó en el Pleno Municipal del Ayuntamiento en contra de los puntos para cuyo voto favorable había recibido los 12.000 euros.

Por estos mismos hechos, la acusación particular ha pedido dos años de cárcel y cinco de inhabilitación para cargo público para los cuatro acusados, además de una multa de 36.000 euros, el triple de la cantidad que presuntamente se entregó como soborno, según prevé la ley.