El portavoz de la plataforma contra la exclusión social, Iñaki Uribarri, compareció hoy ante la Comisión de Políticas Sociales, Trabajo e Igualdad, de acuerdo con la solicitud de EB, para explicar su opinión sobre los efectos en materia asistencial del borrador del decreto de la renta de garantía de ingresos y del decreto regulador de la prestación complementaria de vivienda.

Uribarri rechazó hacer diferencias con las sociedades subsidiarias y defendió que "lo bueno" que tiene la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión social, "a pesar de que luego los decretos se lo vayan cargando, es que valora mucho los derechos". "Tiene el doble derecho de la Renta de Garantía de Ingresos y el derecho a la Inserción", indicó. "El cambio de filosofía que se ha implantado en esta ley es que cada vez se le da más importancia a la idea de la empleabilidad pensando que es eso lo que tiene que hacer las instituciones. ¿Por qué no se ha cambiado el concepto de la Ley entonces?", se preguntó.

Además, defendió que las instituciones "deben asegurar el derecho de una renta para quienes no tienen ingresos, y tienen que hacer lo posible por ayudar para conseguir la empleabilidad de las personas". En este sentido, explicó que los convenios de inclusión tienen el carácter de derecho "pero también el de contraprestación, lo que les hace muy difícil su convivencia".

"Hasta hace unos años, esta no convivencia iba a la contra de los convenios de inclusión y no se firmaba ni siquiera un 30 por ciento de ellos porque no conseguían emplear a la gente", apuntó.

Asimismo, denunció que "cuando los convenios de inclusión se han aplicado con más ganas ha sido para expulsar a la gente del sistema y no para dar empleo" y rechazó que la nueva renta esté directamente conectada con la inclusión laboral, ya que "recorta derechos" al limitar el tiempo de cobro de las ayudas a los parados de larga duración.

Gestion de lanbide

Respecto a la decisión del Gobierno vasco de gestionar el nuevo modelo de gestión de la renta de garantía de ingresos en las oficinas de Lanbide, Uribarri se mostró escéptico con esta medida y afirmó que "es falso que se tenga que priorizar la empleabilidad en una ley de este tipo", ya que "supone poner el derecho a la renta bajo la tutela de otro derecho". "No me creo que con los índices de paro que tenemos la empleabilidad se vaya a conseguir a través de políticas activas", insistió.

Además, hizo referencia a los casos de fraude en las ayudas para afirmar que "el fraude real es bajísimo y mínimo", y explicó que "se ha metido en la misma bolsa lo que es fraude real y las otras inspecciones en las que no encontraban a la gente en casa".

En materia de vivienda, criticó el decreto aprobado el pasado mes de enero que regula la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), dirigida al pago de los gastos de alquiler de aquellas familias que lo necesiten y que sustituye a las Ayudas de Emergencia Social (AES) de alquiler.

La Plataforma denunció que se recorte la duración de la prestación a dos años y que se acepte la percepción de hasta dos prestaciones por domicilio, si este es compartido.

Por último, criticó que existen dificultades administrativas para los solicitantes como los autónomos, para los que el decreto condiciona la concesión de las ayudas a la declaración de renta del año anterior por lo que "no podrían cobrar la renta hasta el año siguiente a pesar de que su situación económica sea un desastre".