«Cada vez que tengo que llamar (a personas dependientes) consulto el listado del cementerio para comprobar si se han muerto».

Lo dice una trabajadora social de Alicante a un representante de la Plataforma en Defensa de la ley de Dependencia. La situación es tan dramática que la Sindicatura de Greugues ha recibido 700 quejas por la aplicación de la Ley, algunas por retrasos de hasta un año, según CC OO y UGT.

Desde el Colegio de Trabajadores Sociales aseguran que la contrata que se encarga de la valoración de las personas dependientes (10.163 a fecha de 2 de junio) «sólo» ha contratado a 35 trabajadores y a 5 coordinadores.

Desde CC OO y UGT exponen que los «datos (del Consell) son engañosos porque de las 6.999 prescripciones realizadas 6.415 son atención residencial. La mayoría responden a la homologación de plazas cubiertas por bono-residencia».

Además, en la Comunitat «se han reconocido 35 prestaciones al cuidador familiar» y ninguna para contratar a un asistente. El sábado a las 19 horas habrá una manifestación desde la plaza de los Luceros para exigir la Ley.

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