Los trabajadores de Inagra, la concesionaria del servicio de recogida de basuras en Granada capital, se han mostrado "decepcionados" ante la imposibilidad de cerrar un acuerdo que evite la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 90 trabajadores y temen que "lo único" que les quede sea ir a la huelga indefinida.

En declaraciones a Europa Press, fuentes del comité de empresa han informado de que en el encuentro mantenido el martes en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla) no hubo ningún avance respecto a las propuestas iniciales de las partes para reducir costes en el servicio sin necesidad de recurrir a los despidos.

Concretamente, Inagra ha ofertado una reducción media de toda la masa salarial de un 13 por ciento al considerar que es el único modo de afrontar la reducción en siete millones de euros de la aportación municipal al servicio, aunque el comité de empresa se ha mostrado "en contra" de la medida desde el primer momento.

Aunque los representantes de los trabajadores habían hecho anteriormente la contraoferta de congelar los sueldos un cinco por ciento durante dos años —2010 y 2011—, el martes se mostraron dispuestos a fijar un "porcentaje intermedio" aunque afirman que la empresa no quiere "dar su brazo a torcer".

Así las cosas, el comité de empresa se teme que "lo único" que les queda es convocar una huelga indefinida en el sector y aunque la decisión no está tomada ya se apunta a diciembre como el mes más probable para llevarla a cabo.

Las partes no han fijado una nueva fecha para reunirse, aunque desde el comité de empresa animan a la empresa a abrirse al diálogo al mostrarse convencidos de que el Gobierno andaluz no aceptará las razones económicas alegadas para presentar el ERE después de que el grupo al que pertenece Inagra, Cespa-Ferrovial, haya obtenido beneficios desde 2005.

Así lo han reflejado CCOO y UGT en los respectivos informes presentados el martes ante la Inspección de Trabajo como parte del trámite a seguir desde la presentación del ERE a la Junta.

De hecho, el informe jurídico de UGT enmarca los 90 despidos en una situación más "coyuntural" que económica y afirma que la empresa ha tomado medidas en el presente año para hacer frente a la reducción de siete millones de la aportación municipal al servicio, asegurando que con ellas ya se ha obtenido un ahorro de unos 3,5 millones de euros.