El Comité de Empresa de Caja Inmaculada (CAI) prepara una asamblea de empleados contra el Sistema Institucional de Protección (SIP) aprobado recientemente por el Consejo de Administración de la entidad de ahorro y que servirá para unir fuerzas con Caja Canarias y Caja Rioja.

Los sindicatos no descartan emprender la vía judicial y esperan reunirse con el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, para dialogar sobre el tema.

En rueda de prensa, la presidenta del Comité, Victoria Camarena, rechazó de plano la carta entregada hoy a todos los empleados de Caja Inmaculada por la Presidencia de la entidad, en la que se defiende el SIP, lo cual "supone una clara afrenta" a los empleados, que se sienten "engañados" porque pensaban que la dirección de CAI estaba "por la labor del diálogo".

El Comité Intercentros entiende que la actuación realizada hasta ahora ha sido "una estrategia para ganar tiempo" y llegar al 31 de diciembre con un acuerdo vinculante. La sindicalista explicó que, según el presidente de CAI, el Banco de España obliga a adoptar un acuerdo vinculante antes del próximo año, lo que sitúa a la caja en "una situación de no retorno".

Al conocer la misiva, el Comité planteó la adopción de otras alternativas, como que CAI vaya "por sí sola" porque tiene "solvencia suficiente" y ya se está produciendo en casos como el de Caja Círculo, pero la carta de hoy da "al traste" con cualquier solución en este sentido, lamentó Camarena. Los sindicatos convocarán una asamblea de empleados para la próxima semana, aunque no fijaron la fecha.

"no mantiene personalidad jurídica"

Los sindicatos opinan que el SIP "no mantiene la personalidad jurídica" de CAI, aunque sí lo pudiera hacer jurídicamente, de ahí que los órganos de gobierno de la Caja pierdan capacidad decisoria. La sindicalista expresó que se abriría "una puerta a la privatización", pese a las limitaciones de las partes implicadas acordadas voluntariamente, sin que haya normativa legal al respecto.

La presidenta del Comité de Empresa de CAI dijo que las cajas contribuyen al desarrollo de Aragón y avisó de que se produciría "un vaciamiento" de competencias legales y estatutarias, a lo que añadió que las cajas serían "las ejecutoras" de la gestión de la sociedad que dirigiría el nuevo conglomerado. La dirigente se preguntó "qué sería prioritario" entre la obra social y los beneficios económicos.

A esto añadió que la sede fiscal estaría en Madrid, "con lo cual habría un traslado de beneficios y trabajadores de Aragón", con el consiguiente perjuicio para la Comunidad Autónoma, de ahí que la sindicalista criticara al consejero de Economía del Gobierno autónomo, Alberto Larraz, por apoyar esta propuesta de crear el SIP "de manera tan clara". Como ya había afirmado con anterioridad, Victoria Camarena aseveró que la destrucción de empleo puede alcanzar al 25 ó 30 por ciento de la plantilla.

Desde el sindicato ASIPA, Gonzalo Postigo indicó que el resto de las cajas mantienen una solvencia "muy buena". A todas las cajas, lo único que se les está exigiendo es un plan estratégico y un plan de negocio que contrasta una consultora de prestigio, todo ello para superar la crisis, continuó Postigo, quien expresó que CAI todavía no lo ha presentado y que "la intención es que el SIP sea su plan estratégico".

Gonzalo Postigo manifestó que los empleados no son responsables de la situación de la Caja y que "se está utilizando la excusa del Banco de España" para que los empleados asuman "cosas que el Banco de España no estaba exigiendo".

El responsable de la Sección Sindical de CC.OO. en Caja Inmaculada, Miguel Ángel Villalba, señaló que "estamos en muy buena posición de liquidez, de solvencia, y con una plantilla absolutamente comprometida" porque todos los empleados a los que representan los sindicatos están convencidos del futuro de CAI al menos durante los próximos cinco años.

"En CAI estamos librando una guerra", en el caso de los sindicatos, contra la "bancarización", que se debe a que "somos incómodos" para bancos que están ocupando una primera posición en el mundo y que en España ocupan un lugar secundario.

El dirigente de CC.OO. alertó del "riesgo" de que se pierda la naturaleza jurídica de las cajas, lo que hasta ahora ha permitido realizar la obra social, favorecer la participación social en sus órganos de gobierno y facilitar a muchos ciudadanos el acceso al dinero que en otras condiciones no podrían conseguir.