Sanchis afirmó en un comunicado que esta decisión "además demuestra que desde EUPV teníamos razón cuando decíamos que los derribos realizados por el Ayuntamiento la semana pasada estaban fuera de la legalidad y eran contrarios al orden ministerial".

"Una vez más, en la ciudad de Valencia debe intervenir la Justicia para apuntalar el Estado de Derecho que se vio peligrosamente amenazado la última semana por el equipo de gobierno municipal", manifestó, y agregó que la decisión del TC de admitir el recurso del Gobierno "deja más en evidencia si cabe la actitud del delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, quien tenía la obligación y el deber de proteger unos edificios que desgraciadamente ahora ya no existen".

Por lo tanto, dijo, Peralta "no estuvo a la altura del cargo que ocupa", y consideró que lo que ahora "hace falta es que los 60 millones de euros prometidos por la alcaldesa de Valencia, no se quedan esperando en los cajones de los despachos sino que se inviertan en la zona más degradada para que se pueda en pocos meses hacer cambiar las condiciones de vida de los vecinos y vecinas de El Cabanyal".