Dos expertos independientes de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidieron este jueves moderación y "evitar actos violentos" de cualquier tipo ante el referéndum soberanista convocado en Cataluña el 1 de octubre y declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

"Instamos a todas las partes a ejercer la mayor moderación y a evitar actos violentos de cualquier tipo en el contexto de las protestas pacíficas que se den en los próximos días", sostuvieron en un comunicado los relatores David Kaye y Alfred de Zayas.

Kaye es Relator Especial sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión, y Alfred de Zayas es Experto Independiente, encargado de la "promoción de un orden internacional democrático y equitativo".

Los relatores especiales trabajan de manera voluntaria, no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor, por lo que son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

Kaye y De Zayas indican en el comunicado que el 21 de septiembre más de 4.000 agentes de Policía fueron desplegados en Cataluña, con una orden del Gobierno de "actuar en caso de que se celebrara el referéndum ilegal". "Nos preocupa que esta orden y la retórica que la acompaña puedan aumentar las tensiones y el malestar social", subrayan los expertos.

Los relatores han estado en contacto con el Gobierno español con respecto a la situación en Cataluña.

Kaye y De Zayas instaron además a las autoridades españolas a garantizar que las medidas adoptadas de cara al referéndum "no interfieran con los derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación y participación pública".

"Independientemente de la legalidad del referéndum, las autoridades españolas tienen la responsabilidad de respetar los derechos que son esenciales para las sociedades democráticas", sostienen los dos relatores.

Kaye y De Zayas sostienen que, desde el auto del Tribunal Constitucional que suspendió el referéndum el pasado 7 de septiembre, "cientos de miles de catalanes han salido a la calle para protestar".

"Las tensiones han aumentado, con las autoridades registrando imprentas y confiscando materiales electorales. Varios sitios web relativos al referéndum han sido bloqueados y las reuniones políticas al respecto han cesado", indican en referencia al diálogo entre el Gobierno y la Generalitat.

"Diferentes personajes políticos han sido arrestados, al tiempo que los dirigentes de las protestas masivas han sido acusados de sedición, un crimen que conlleva una pena máxima de 15 años de prisión", añaden.

"Las medidas que estamos presenciando son preocupantes porque parecen violar derechos individuales fundamentales, limitando el flujo de información pública y la posibilidad de un debate abierto en un momento crítico para la democracia española", señalan.

El pasado 7 de septiembre el Tribunal Constitucional suspendió el referéndum a instancias del Gobierno español, que considera que esta consulta vulnera abiertamente el Estatuto catalán y la Constitución española, "pretendiendo subvertir el ordenamiento jurídico de aplicación en Cataluña".

El Ejecutivo español sostiene también que las leyes aprobadas por el Parlamento de Cataluña para realizar este referéndum suponen un "incumplimiento manifiesto de sentencias judiciales", con el objetivo de "imponer un proyecto excluyente que divida a la sociedad catalana".