La Comisión Europea (CE) denunció a Google en 2018 por firmar contratos ilegales con los fabricantes de Android que no cumplían con la ley antimonopolio. El juicio de aquel entonces sentenció a la multinacional a pagar una multa de 4.340 millones de euros. Hoy, 14 de septiembre de 2022, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha determinado que la compañía sí debe cumplir con la multa, aunque ha rebajado dicha cuantía.
Las acusaciones de la CE aseguraban que Google exigía a los fabricantes de dispositivos Android a instalar su motor de búsqueda y su navegador Chrome a cambio de las credenciales de Play Store. Además, sus investigaciones apuntaban que la compañía también pagaba a las marcas tecnológicas para que no instalasen ningún buscador alternativo a Google Search.
Por su parte, Google desestimó dichas afirmaciones y pidió una segunda opinión por parte del TGUE. La compañía comentó que las acusaciones de la CE eran totalmente falsas y que la instalación de apps rivales estaba a un solo clic. Asimismo, aprovechó para atacar a Apple que, según decían, sí que imponía y daba preferencias a sus propios servicios como Safari en los iPhone.
Contexto de la revisión de la sentencia
Se espera que la decisión por parte del TGUE sea la conclusión a esta denuncia a Google que tuvo sus inicios en 2013. Esto supondrá que el veredicto final se dará casi una década más tarde que cuando las acusaciones sucedieron.
Cabe señalar que la revisión de la sentencia va a ocurrir en un contexto en el que los funcionarios europeos han sufrido dos grandes derrotas judiciales en las que se han anulado las multas que se impusieron contra Qualcomm e Intel.
Dirk Auer, director de política de competencia del Centro Internacional de Derecho y Economía en Estados Unidos, explica que "si pierden partes clave del caso de Android […], sería un resultado realmente malo para la Comisión".
Pruebas de la Comisión Europea
Para la demanda, la CE se centró en tres tipos de contratos que Google firmó con fabricantes de smartphones y operadores de telecomunicaciones con la intención de expandir su presencia en el mercado de la telefonía inteligente cuando este acababa de comenzar prácticamente. Los contratos que se denunciaron fueron:
- Acuerdos de distribución de aplicaciones móviles (MADA): los fabricantes debían preinstalar las apps de búsqueda y navegador de Google para obtener las licencias de la Play Store.
- Acuerdos antifragmentación (AFA): los fabricantes tenían que renunciar a ejecutar versiones alternativas al sistema operativo Android.
- Acuerdos de reparto de ingresos (RSA): que permitían a Google compartir sus ingresos de búsqueda con las operadoras y fabricantes de móviles inteligentes.
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