El tacticismo se ha probado fallido. La aplicación de la teoría del control de daños a la marea de corrupción que sufrimos ha resultado ser insuficiente. Es de una ingenuidad insensata pretender que con una fina barrera de silencio se puede detener el avance de la lava cuando el volcán sigue en plena erupción. Controlar los daños… El sólo intento resulta conmovedor. Absurdo.

Los estudiosos de esta teoría recomiendan que ante un problema serio se implementen medidas para estabilizar la zona afectada. Y eso debe hacerse aislando el lugar y bloqueándolo, de tal forma que el mal no se extienda más allá de esa frontera artificial. ¿Pero de qué sirve bloquear una zona limitada si el desastre es completo? ¿Cómo se frena la expansión de las células malignas, si el cuerpo entero ya ha sido afectado?

La realidad es que nunca hubo voluntad de poner remedio, porque se consideró que levantar las alfombras y asumir toda la basura que escondían podría resultar letal para la supervivencia de la democracia. Es la cínica tesis de que aplicar el sistema para sanearlo podría suponer el fin del propio sistema.

El ingreso en prisión de ciudadanos que fueron muy principales, y que ahora sabemos que eran carteristas de altos vuelos, está sometiendo a la democracia española a un test de stress extraordinariamente complejo. Y, de momento, no se ha superado porque quienes tienen que liderar el zafarrancho de limpieza llevan años remoloneando. El primer efecto de esa actitud haragana y ventajista ha sido la fractura del diseño político español de dos grandes partidos que se turnaban en el poder, y que no tenían más rivales a su alrededor. Ahora son cuatro, y nadie puede asegurar que lo hayamos visto todo aún.

Un segundo efecto es el castigo que sufre la imagen de la política como actividad destinada a promover el bien público. Encontrar a un ciudadano que todavía tenga pensamientos positivos hacia los dirigentes que gobiernan o que aspiran a gobernar es un ejercicio malogrado desde su propio planteamiento. Recuperar el buen nombre de la política es imprescindible. Pero en nada ayuda a ese objetivo conocer el descaro con el que operaban Ignacio González y su banda, o cómo Jordi Pujol y su clan reunían cantidades indecentes de dinero y las movían, incluso cuando ya estaban sometidos a investigación judicial. La avaricia es un mal que no conoce término.

Vivimos un tiempo en el que la expresión judicial 'organización criminal' aparece cada día en los medios aplicada a políticos. Y urge una actitud decidida, precisamente, de los políticos que no se corrompen. Pero no sólo hacia los corruptos del partido rival. Eso es lo fácil. Es mejor que empiecen por los que tienen al lado, dentro de su propio partido. Así, su determinación resultará más creíble.