Todavía con el sobresalto colectivo por el execrable atentado de Niza, poco antes de la medianoche del viernes 15 al sábado 16 de julio, otro asunto hacía que se detuvieran las rotativas y que las emisoras interrumpieran su programación: «¡Golpe de Estado en Turquía!», rezaban los titulares, anteponiendo un cauto «intento de».

A la vista de las primeras noticias, ni Angela Merkel ni Vladimir Putin ni Barack Obama ni ningún otro líder mundial se aventuró a hacer declaraciones inequívocas en apoyo de la Administración Erdoğan o condenando a los sublevados. Eso sí, cuando se supo que la intentona había fracasado, se sucedió una cascada de manifestaciones plausibles de «apoyo sin fisuras al orden constitucional».

Lo último: Estado de emergencia

Turquía decretaba este miércoles el estado de emergencia, que ayer era ratificado por el Parlamento. En esta situación, el Gobierno goza de plenos poderes para restringir las libertades e impedir la de movimientos, algo que ha aplicado ya a los funcionarios.

¿Qué sabemos?

Sabemos que apenas cien minutos después de la primera acción golpista se hizo evidente que la operación había fracasado. Por lo que conocemos, a nivel táctico toda la operación fue un colosal despropósito: Inteligencia disponía de información desde hacía varias semanas; las tropas golpistas se trasladaron sin apenas sigilo, sin munición ni aprovisionamiento logístico para afrontar una acción prolongada; la movilización fue escasamente secundada por el grueso de las Fuerzas Armadas; el cronograma descuidó la urgencia crítica de neutralizar los medios de comunicación y cortar las telecomunicaciones; y por su lado, los líderes golpistas tenían que saber que no tenían al Jefe del Estado… En el plano militar, podría decirse que el objetivo no era el triunfo del golpe.

Sabemos que a medida que se iba conociendo el alcance real, la preocupación de los golpistas pasó a ser su propia seguridad. Atrás quedaban la lectura del comunicado en televisión –breve, contradictorio y aparentemente prooccidental– y también 290 víctimas mortales.

La reacción del Gobierno tras el intento de golpe: decenas de miles de docentes inhabilitados; miles de detenciones –llamativamente muchas entre miembros del poder judicial, algunas de las cuales afectan a la composición de altos tribunales–; docenas de arrestos entre el generalato y el almirantazgo; en una purga que se ha extendido a familiares de presuntos golpistas. El Jefe del Estado llegó a hablar de restaurar la pena de muerte,  contestado por Occidente.

¿Quién se beneficia?

Resulta imposible dar una respuesta inequívoca. El propio Erdoğan ha confesado que el intento de golpe le «venía muy bien» para acometer profundas reformas en el seno de las Fuerzas Armadas y para consolidar el apoyo a su Ejecutivo. Aun así, resultaría temerario señalarle como único responsable. La celeridad con la que se han llevado a cabo las detenciones no sirve, por sí sola, para decir que ha sido un autogolpe, porque las listas negras de desafectos al régimen ya existían como parte del plan de contingencias para responder a este tipo de hechos.

La causa más probable, aunque abstracta, es la inestabilidad resultante del conjunto de intereses en liza en toda la región y específicamente en Turquía.

Por un lado tenemos el eje de tensión entre la influencia rusa y la estadounidense; las difíciles relaciones con la UE (Turquía pertenece al Consejo de Europa, aunque su relación con el resto de instituciones comunitarias sigue en negociación hace lustros, entre otras cosas a raíz de las dificultades con Chipre, Grecia y el cumplimiento de los estándares de Derechos Humanos) y la pertenencia de Turquía a la OTAN (y el efecto estratégico de los planes de defensa como el escudo antimisiles o las fuerzas de reacción rápida).

Hay que sumar los intereses de la mediana burguesía, proclive a mejorar el comercio con los territorios limítrofes, en conflicto con los planes de globalización económica. Tenemos también el eje de confrontación entre quienes abogan por un Estado laico y quienes prefieren el islamismo moderado. Y está la cuestión del trazado y fechas de puesta en servicio de los oleoductos y gasoductos que llevan y habrán de llevar hidrocarburos a través (o no) de Turquía, desde qué países a qué otros, y bajo qué tributación y condiciones. Cabe tener en cuenta también la presión de unos y otros por acometer importantes reformas en la Constitución, el conflicto del pueblo kurdo, que podría aprovechar la crisis generada en Siria e Irak tras la irrupción del Daesh para consolidar el control territorial (fuera de Turquía)… En definitiva: muchos elementos alimentan la inestabilidad.