MILAGROS AVEDILLO CARRETERO. ECONOMISTA DIRECTORA DE SOLCHAGA RECIO & ASOCIADOS
OPINIÓN

¿Debe castigarse la economía colaborativa?

Milagros Avedillo Carretero. Economista
Milagros Avedillo Carretero. Economista
Milagros Avedillo Carretero
Milagros Avedillo Carretero. Economista

Blablacar y AirBnB cerraron el black Friday con dos sanciones administrativas en Madrid y Barcelona, que vuelven a alimentar las controversias entre la economía colaborativa y la Administración, empeñada en controlar la irrupción de las start-up en el mundo de los servicios. Lo cierto es que la palabra ‘colaborativa’ podría llevarnos a engaño: no siempre se trata de colaborar, sino de crear un mercado virtual donde demandantes y oferentes pueden hacer negocios remunerados casi sin barreras, de individuo a individuo, el peer to peer (P2P).

¿Quién gana y a quién amenazan las plataformas online? Como en todo, en la economía colaborativa hay ganadores y perdedores. Los beneficiados son los ciudadanos que sin esfuerzo logran nuevos productos y experiencias de los que antes no disfrutaban: ofertas de ocio, rebajas hoteleras, viajes compartidos, ventas de segunda mano… Los perjudicados son las empresas tradicionales, como el taxi, que ven mermar sus negocios,  y ciertos ciudadanos que soportan la irrupción inesperada de particulares que ofrecen alojamientos turísticos en domicilios privados.

¿Por qué se castiga a las plataformas online? La economía colaborativa amenaza las relaciones económicas reguladas y pone en jaque la protección de algunos sectores como el transporte, o el urbanismo. Los perjudicados reclaman protección, límites y sanciones a los servicios que ofrece la economía colaborativa. Algunos ejemplos:

1. BlablaCar ha popularizado en pocos años el uso del coche compartido, y hoy es ya un uso y costumbre en la forma de viajar de muchos alternativa al autobús. Las empresas de autobuses interpusieron una demanda contra Blablacar por interferir en sus concesiones, que fue desestimada porque se consideró que la empresa no daba un servicio de transporte público, sino que solo facilitaba la información entre viajeros sin un ánimo de lucro, tan solo el de compartir gastos. Esta semana, Madrid sí ha sancionado a los conductores que utilizaban la plataforma para dar un servicio de transporte interurbano remunerado.

2. AirBnB ha permitido que numerosos propietarios pudieran entrar en el alquiler vacacional de habitaciones sin apenas restricciones. En ciudades muy turísticas, muchos ciudadanos han visto convertir su comunidad de vecinos en un molesto entrar y salir de turistas y están sufriendo una insoportable inflación en el precio de los alquileres urbanos que los expulsa de sus barrios habituales. Algunos ayuntamientos como el de San Francisco han establecido ordenanzas que regulan este servicio. En Barcelona se introdujeron algunas limitaciones y el Ayuntamiento acaba de sancionar con 600.000 euros a la plataforma por anunciar alquileres vacacionales ilegales.

3. Las aplicaciones de Uber o Cabify permiten poner en contacto a conductores con pasajeros para el servicio de transporte interurbano que antes estaba reservado al taxi. Los viajeros obtienen mejores precios, pero el servicio de Uber o Cabify supone una feroz competencia al taxi, que además se enfrenta al elevado coste de las licencias. La Administración limitó por ley la actividad de coches con conductor en la oferta de transporte interurbano atendiendo la demanda de los taxistas.

4. La famosa aplicación Booking fue una de las primeras en popularizar la reserva de plazas hoteleras por internet con garantía de precio mínimo. La Comisión Europea, sin embargo, prohibió a la plataforma que los hoteleros no pudieran hacer descuentos a otros canales o en los propios hoteles, si querían aparecer en el mapa de Booking.

¿Cómo debería regularse la economía colaborativa? Desde mi punto de vista una de las grandes cuestiones para la Administración de la economía colaborativa se relaciona con la tributación y las relaciones laborales. La Administración no puede ignorar que existen nuevas fuentes de ingresos y remuneraciones que deberían estar sometidas a una tributación y al pago del IVA y a las normas laborales. ¿Deben los particulares que alquilan sus habitaciones pagar también impuestos? ¿Qué tratamiento fiscal tienen los gastos de coches compartidos? ¿Deben los conductores de Uber tener un contrato laboral o seguir siendo autónomos? ¿Quién debe dar información de los ingresos a la Agencia Tributaria, la plataforma o el propio oferente?

La normativa va por detrás de la tecnología y siempre se adapta con más lentitud de lo necesario. Los más reaccionarios reclamarán que se preserve el mundo tal y como lo han conocido. En mi opinión, la Administración no puede poner puertas al campo, ha de admitir la entrada de nuevas modalidades de negocio y la innovación. Simultáneamente ha de garantizar una competencia limpia en la que todos tengan las mismas reglas de juego, se respete la convivencia y se procure una transición suave a los perjudicados.

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