El pasado jueves, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, designó al equipo económico que le va a acompañar durante esta su segunda legislatura. La sorpresa estuvo en que no hubo sorpresas: Montoro repite como ministro de Hacienda, esta vez sin las administraciones públicas, pero manteniendo función pública, mientras que Luis de Guindos seguirá al mando de un superministerio reforzado de Economía, Competitividad e Industria. La tercera pata del equipo económico es Álvaro Nadal, ascendido a Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, un cajón de sastre con temas bastante dispares.

Es esta la única novedad sustantiva del nuevo equipo económico del Gobierno. La decisión de dar continuidad tiene su lógica: si no se va a variar el rumbo, porque se piensa que la gestión económica realizada en la primera legislatura es la que se debía hacer, lo lógico es mantener al equipo que ha logrado tales resultados.

El primer paso del nuevo equipo económico ha sido participar en un consejo de la Unión Europea en el que han confirmado la voluntad de mantener la senda de consolidación fiscal dictada por la Comisión Europea durante el verano: el objetivo de déficit para 2016 se confirma en un 4,6% del PIB, mientras que el objetivo de 2017 se sitúa en el 3,1%. Rajoy tendrá que gestionar un año 2017 difícil, pero no imposible, por cuanto unos nuevos Presupuestos situarían, sin gran esfuerzo, el déficit público en el 3,6%, lo que deja un ajuste adicional de un 0,5% del PIB, unos 5.000 millones de euros. No parece una cifra descabellada, aunque hay que tener en cuenta el más que previsible déficit de la Seguridad Social, que sigue su senda de acabar con el fondo de reserva, y la evolución de las comunidades autónomas, estranguladas ya por un reparto injusto del déficit público que deja a estas administraciones sin capacidad de reacción y con unas finanzas en algunos casos al borde del colapso.

Pero el problema no se situará en 2017. El automatismo de los Presupuestos, el descenso de las prestaciones por desempleo y el ciclo alcista permitirán que buena parte del ajuste se realice automáticamente, aunque quizá no con la rotundidad con la que lo afirma nuestro ministro de Economía ante sus colegas europeos. El problema clave se situará en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, en el que las previsiones hablan de cierta ralentización del crecimiento económico, y donde España deberá someterse a un último ajuste adicional de unos 9.000 millones de euros, en unas cuentas públicas donde ya prácticamente no habrá de dónde recortar.

Este es el escenario en el que se desarrollará la política económica y fiscal de la próxima legislatura: el Gobierno ejecutará el ajuste fiscal pendiente, a expensas de no destinar los recursos necesarios para poner en marcha medidas contra la pobreza y la exclusión social, o a favor de la innovación, formación y transformación digital. El Parlamento, pese a su mayoría, no tiene capacidad de cambiar las magnitudes básicas de este ajuste, por cuanto el Gobierno mantendrá su derecho de veto para cualquier incremento de gastos o descenso de ingresos.

La historia podría haber sido diferente. La Agencia Tributaria informó de que los cambios legislativos incorporados durante 2015 han significado una reducción de ingresos fiscales de alrededor de 7.000 millones de euros. Ese dinero habría sido suficiente para, por ejempo, situar a España en sus objetivos de I+D, o para financiar parte de los programas de lucha contra la pobreza sugeridos por casi todo el arco parlamentario. Es lamentable que los intereses cortoplacistas de 2015 nos hayan dejado sin el espacio fiscal que España necesita para reformular nuevas políticas. No veremos grandes novedades, por lo tanto: el Gobierno del PP está obligado a completar el ajuste que dejó de hacer antes de ganar las elecciones.