En 2009, Andrés Roig y su esposa Noemí Piles acogieron a dos gemelos de 5 años nacidos en Albacete de padre rumano y madre ucraniana, que habían ido a parar a un centro de acogida en la Comunidad Valenciana. La madre los había abandonado con 2 años y a la edad de 4, el padre ingresó en prisión.

Nunca los llegaron a registrar, ni en el consulado rumano ni en el ucraniano. A día de hoy, estos niños, de 14 años, nacidos en España y tutelados por la Administración, no tienen nacionalidad ni documentación, por lo que carecen de la posibilidad de ejercer derechos básicos como el de moverse libremente. No pueden viajar, ni federarse para practicar un deporte de competición, ni abrir una cuenta corriente ni recibir ninguna ayuda. En uno de ellos, a la situación de absoluta desprotección y vulnerabilidad, se añade una discapacidad reconocida del 33%.

De acuerdo con el ordenamiento jurídico español, toda aquella persona que haya estado sujeta legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos puede adquirir la nacionalidad española.

Sin embargo, la Administración de la Comunidad Valenciana continúa rehuyendo su responsabilidad y derivándola a Rumanía, cuyas autoridades ponen trabas a la concesión de la nacionalidad por no encontrarse los menores en su territorio. Entretanto, la Administración española no les facilita siquiera una documentación provisional, como podría ser la cédula de inscripción. Hasta el momento, las cartas que he enviado en demanda de una solución a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana y el Ministerio de Justicia del Gobierno de España, no han rendido ningún fruto.

Mi interés por el caso me llevó a conocer a otras familias atrapadas en el mismo atolladero burocrático y que se han agrupado en la Asociación de Familias de Acogida de España (FADES). Su presidenta, Justi Carretero, tiene en acogida a una niña de origen rumano que sufre carencias motoras, sensoriales e intelectuales. Hace cuatro años dejó de trabajar para ocuparse de ella.

Hay otras cien familias en parecidas circunstancias. En atención a ellas, y en vista de que el problema desborda el marco estrictamente español, he llevado el caso a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, a la que Justi Carretero asistirá el día 21 a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para requerir que la UE tome cartas en el asunto.

Esperemos que así sea.