Una campaña electoral con la mitad de sus futuros candidatos metidos en prisión preventiva es evidentemente una anomalía. Si además sumamos que tienen a Puigdemont en el autoexilio y la justicia tendrá que emitir una euroorden para traerlo a España, el escenario ya es dantesco. En la batalla de la imagen, los partidos independentistas pudieron anotarse ayer otro tanto.

Metidos en su discurso, no parece difícil convertir la decisión judicial de enviar a unas personas a prisión en un paso más de su relato de persecución política. Así que la Audiencia Nacional no hizo ayer precisamente un favor al Gobierno central. Obviamente, la decisión moviliza aún más al independentismo y ayuda a calentar más las calles. Pero la cuestión es que la Audiencia Nacional no está para hacer favores a nadie, ni para mirar el interés político en su toma de decisiones.

Ayer la jueza Lamela citó a declarar a varios políticos acusados de rebelión y de secesión. El momento no acompaña, pero resulta que la guía de esta magistrada es el Código Penal y las leyes procesales, no el calendario de las próximas elecciones catalanas. Es lo que tiene la separación de poderes. Y es lo que hace de España y el resto de la UE un entorno en el que rige el Estado de Derecho frente a todo.

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