Parafraseando la película de Spielberg, en lugar de al soldado Ryan hay un cierto acuerdo para solucionar un problema cuantitativamente limitado pero gravemente injusto. Se trata de la protección sociolaboral de personas que deciden donar en vida un riñón o un fragmento de hígado a un familiar para ser trasplantado.

Son cifras pequeñas. En el caso del riñón el pasado año fueron 340 las donaciones de vivo tras un máximo de 423 en 2014, mientras que para el hígado están en alrededor de 30 al año, la gran mayoría de padres a niños pequeños. Desde el punto de vista médico la donación de vivo es claramente mejor para el enfermo renal, con mayor supervivencia del trasplante, y mejor si se hace antes de entrar en diálisis, aparte el considerable ahorro económico para el estado que conlleva todo trasplante renal. Para los niños que reciben un fragmento de hígado, la tercera parte de los trasplantes hepáticos infantiles, supone un menor tiempo en lista de espera, unos buenos resultados y en principio el ahorro de un hígado de donante fallecido que se utilizará para una tercera persona, niño o adulto.

Muchas ventajas pero también problemas fáciles de entender: se trata de personas sanas como condición indispensable para ser donantes, que precisan de exploraciones analíticas y radiológicas a veces prolongadas, seguidas del ingreso hospitalario para la cirugía con un posoperatorio que sobre todo en el caso del hígado puede complicarse y alargarse. Este proceso produce indefectiblemente ausencias laborales que en el caso de empleados públicos no suelen generar excesivos desajustes pero que en las empresas privadas y ya no digamos en los autónomos los originan, y mucho.

Para empezar ya extraña dar la baja laboral a alguien que no está enfermo, lo que genera la primera paradoja legal, sobre todo cuando hay a quien le encanta generar problemas en lugar de solucionarlos. La crisis y el aumento de estas intervenciones, testimoniales a principio de siglo pero crecientes hasta hace un par de años han aflorado el problema, difícil de cuantificar pero en todo caso preocupante. Al menos en un caso condicionó un despido laboral con maneras muy poco edificantes, y en un porcentaje significativo un mayor o menor conflicto entre la empresa y el trabajador donante.

Una dificultad añadida es que, aunque el sistema de trasplantes tenga identificado el problema desde hace años, la posibilidad de solucionarlo de una forma integrada corresponde a otras instancias (trabajo, economía, administraciones públicas...) y la verdad es que estos ministerios nunca han estado por la labor. La ONT y las asociaciones de enfermos, primero los renales y luego los hepáticos, han planteado el tema en diversos foros y con ambos partidos mayoritarios en el poder sin ningún éxito: la idea de que otros colectivos pudieran pedir consideración similar y el paraguas 'excusatorio' de la crisis o del gobierno en funciones que han servido para todo, anularon cualquier intento.

En esta ocasión se unió la exposición del asunto ante la Comisión de Sanidad del Congreso por parte de Alcer (enfermos renales), la Sociedad Española de Nefrología y la ONT el Día Mundial del Riñón, la difusión por parte de HEPA (padres de trasplantados hepáticos) de algunos de sus casos con recogida de firmas en change.org y, sobre todo, la publicación en los medios de comunicación del problema. Una propuesta muy clara, dar al donante de órganos una protección sociolaboral similar a la de las embarazadas, ha comenzado a conseguir el milagro de que el asunto se trate en Congreso, Senado, algunos parlamentos autonómicos, como el navarro, y algunas consejerías de sanidad, como la madrileña.

La ministra de Sanidad ha recogido el guante y ha prometido en el Senado el trabajo conjunto con el Ministerio de Trabajo para dar una solución estatal al problema. Confiemos en que así sea y en que el tema se solucione: bien está lo que bien acaba.