En los últimos años, la proliferación de Viviendas de Uso Turístico (VUT) se ha convertido en uno de los temas centrales de debate en la ciudad. Para abordar este problema, hemos tomado medidas como exigir que aquellas que se alquilen más de 90 días al año dispongan de licencia de actividad y acceso independiente (como ya sucede con el resto de modalidades de alojamiento temporal), o impedir que viviendas y edificios residenciales puedan transformarse en alojamientos turísticos mediante cambios de uso.

A esta regulación se oponen quienes han visto en las VUT una oportunidad de negocio. Lo que hasta hace poco se presentaba como economía colaborativa, se muestra ya como una actividad comercial sin tapujos.

De ahí las acusaciones al Ayuntamiento de destruir puestos de trabajo y generar pérdidas económicas, no al sector turístico en general sino a los que se dedican a la comercialización de viviendas en canales de oferta turística. Y es que la regulación no afecta a personas o familias que alquilan su residencia habitual menos de 90 días al año. Tampoco a los que arriendan habitaciones.

Lo que pretende es atajar, desde la regulación urbanística, una forma de negocio que está transformando nuestros barrios, afectando a muchos vecinos que se ven obligados a 'compartir' sus zonas comunes con turistas, y que tiene además una incidencia decisiva en la subida de los alquileres. Madrid no puede ser un parque temático.