Entre los problemas que enfrentan las sociedades alrededor del globo, el futuro de los sistemas de pensiones es quizás el que más atención ha recibido de parte de analistas y académicos, y tal vez sea también el que mayor consenso tiene respecto a la urgencia de adoptar medidas de política pública. A pesar de ello, se trata de la cuestión sobre la que menos pasos concretos se han dado para atenderla.

Un sistema de pensiones es el mecanismo del que una sociedad dispone para que la población cuente con ingresos para cubrir sus gastos durante la vejez, la etapa en la que se reduce su capacidad para generar ingresos. Por ello, los sistemas de pensiones son sostenibles en el largo plazo cuando existe un balance entre ahorro el que se sustentan (aportaciones), y el consumo diferido que es su propósito (prestaciones).

Desde la década de los noventa del siglo pasado una serie de factores han conspirado para que ese equilibrio se resquebraje. De una parte, el entorno económico internacional caracterizado por la atonía en el crecimiento; y de otra, la nueva dinámica demográfica (continuo aumento de la esperanza de vida y disminución de la tasa de natalidad) que ha traído consigo el envejecimiento de la población y un cambio dramático en la estructura de nuestras sociedades.

Haciendo abstracción de las características de los diferentes sistemas de pensiones en el mundo (públicos o con participación privada, de prestación o contribución definidas), la experiencia internacional confirma que los que mejor han logrado lidiar con esta problemática (financieramente sostenibles y con mayores tasas de reemplazo) son aquellos que concilian la solidaridad inter-generacional con el ahorro individual. Es decir, aquellos en que los mecanismos tradicionales de reparto se complementan con políticas públicas de incentivo para que, por una parte, las empresas ofrezcan planes complementarios de pensiones a sus trabajadores y, por la otra, para que los propios individuos constituyan planes de pensiones voluntarios de medio y largo plazo.

El desafío de las pensiones es, sin duda, un reto técnico. Sin embargo, la implementación de las soluciones se halla determinada por consideraciones políticas. Este es el otro aspecto central que se desprende de la experiencia internacional: las medidas para atender la cuestión de las pensiones se sitúan en el medio y largo plazos, por lo que cualquier reforma que se plantee generar efectos definitivos en el corto plazo, está condenada a recalar en las mismas presiones, aumentando la probabilidad de enfrentar un shock económico y social mayor.

En esa dimensión, el desafío de las pensiones es también un reto para las democracias modernas, las cuales tienden cada vez más a enfocar la discusión política en torno a la aplicación de políticas de gobierno (de corto plazo), en lugar de dirigir sus esfuerzos hacia la implementación de políticas de Estado (de medio y largo plazo).

Casandra, hija de los reyes de Troya, pidió al dios Apolo el don de la profecía a cambio de su amor. Pero cuando Apolo había concedido el deseo, Casandra renegó de su amor por el dios. Este, al verse humillado, la maldijo. Sería capaz de ver el futuro, pero no podría evitarlo porque nadie creería sus predicciones. Casandra vio la trampa en el caballo de madera que los griegos ofrecieron a Troya, y supo también que de aquella ofrenda saldrían los soldados que arrasarían su ciudad. Lo vio todo y advirtió del peligro, pero nadie habría de creerle.

Debemos evitar que el desafío de las pensiones se convierta en la moderna maldición de Casandra. Que a pesar de que podamos anticipar lo que nos traerá el futuro, no seamos capaces de adoptar las medidas de política pública necesarias para preservar la sostenibilidad de nuestros sistemas de pensiones. Evitemos lo que Casandra fue incapaz de conseguir: que cuando el futuro nos alcance, sea demasiado tarde.