Durante la llamada Revolución Libertadora que, tras un golpe de Estado, derrocó al presidente Perón en Argentina, se proclamó un decreto-ley que prohibía "rendir homenaje a personas vivientes con estatuas o monumentos".

Esta ley, que perduró también durante la democracia, establecía que debían pasar 20 años tras el fallecimiento de una celebridad para que su imagen pudiera ser homenajeada de forma pública. Pese a que este decreto sea el fruto de una dictadura, me parece una medida muy sensata e higiénica y, si fuera por mí, la implantaría en todo el mundo o, por lo menos, en España, en vista de los estragos que se están cometiendo en el ornato público.

Los alcaldes llevan décadas poseídos por un furor escultórico sin precedentes y, como si quisieran parodiar grotescamente la Florencia del Renacimiento, las ciudades y los pueblos se han llenado de mamotretos escultóricos dedicados a próceres y celebridades locales. También abundan los monumentos costumbristas, las alegorías ridículas o la exaltación de los animales autóctonos, casi todo ello hecho con una fealdad que debería castigarse con otra ley ad hoc. Las glorietas, por ejemplo, se han convertido en verdaderos huertos abonados para que crezcan los horrores.

En Argentina, por desgracia, deben de haber derogado del todo esa ley (o la burlan con facilidad) porque en la propia Buenos Aires existe un paseo llamado "de las Glorias" donde se reproduce en bulto redondo (y nunca mejor dicho lo de bulto) a deportistas argentinos sobresalientes (conozco la existencia de tal lugar porque hace un par de meses leí la noticia de que unos vándalos habían destrozado las piernas de la imagen de Leo Messi).

Que yo tenga noticia, la primera vez que se quebrantó tal ley fue en 1999, con Carlos Menem de presidente, cuando se inauguró, con no poca polémica, una estatua gigantesca de Juan Pablo II. Hace unos años también se instaló otra (de tamaño más modesto, pero policromada como un ninot fallero) del papa Francisco, que el interesado mandó retirar de inmediato. Ambas figuras carecen de interés artístico y les viene al pelo aquello que decía Jardiel Poncela de que ciertas estatuas ponen en ridículo a la vez a una persona ilustre y a un escultor.

Si esa ley argentina hubiera estado vigente en España desde comienzos del siglo XX, nos habríamos ahorrado muchos desmanes estéticos que van aparejados a la adulación a poderosos, famosos y famosetes. Además, el número de imágenes asociadas a la Guerra Civil y a la dictadura se habría reducido drásticamente, Jordi Pujol no habría visto cómo se le derribaba en efigie al estilo de Sadam Husein y tampoco estaríamos discutiendo ahora sobre si la estatua de Woody Allen debe permanecer en Oviedo o no.

Los citados no son casos comparables, desde luego. Woody Allen es un gran artista, pero la estatua que le dedicaron en Oviedo no deja de ser una extravagancia y, en el fondo, un gesto provinciano y oportunista del ayuntamiento para aprovecharse de las tan amables como tópicas alabanzas que el director dedicó a la ciudad al pisarla por primera vez. Las imágenes de bronce de Allen, Mafalda, las vendedoras del Fontán y tantas más instaladas en la capital asturiana tienen más de juguete que de monumento, son cebos para que los turistas se hagan fotos. A mí me resultan muy antipáticas y me parece que banalizan el paisaje urbano.

Pero, dicho esto, considero lamentable que se quiera retirar la imagen de Woody Allen por unas acusaciones de pederastia ya juzgadas y nunca probadas. No sé si las personas que, pese a todo y por mera convicción íntima, siguen haciéndole reproches son conscientes de que pueden estar calumniando a un inocente. Con su furiosa persecución, van a convertir esa estatua ridícula en un monumento a la presunción de inocencia y, como tal, merecedor de que defendamos con uñas y dientes su permanencia en Oviedo.