El Gobierno ha recogido la idea del ministro Cristóbal Montoro de establecer un impuesto dirigido a recaudar dinero de las empresas tecnológicas, con el objetivo de incrementar los ingresos públicos y de hacer frente a sus nuevos compromisos de gasto. El impuesto sería efectivo en 2019, y no se conocen demasiados detalles de su estructura. Atendiendo a la propuesta de abril realizada por el anterior Ejecutivo, se basaría en un impuesto de hasta un 3% sobre los ingresos declarados de las compañías que contasen con más de 100.000 usuarios y con unos ingresos de más de 7 millones de euros.

La idea no es nueva ni es propia de España. La Comisión Europea ya había propuesto esquemas similares en el pasado, ahora mismo bajo estudio. Los detractores de la misma arguyen que puede suponer un freno al desarrollo tecnológico y contribuir a que España se retrase respecto del desarrollo digital de otros países socios.

Sin embargo, la ocasión merece una reflexión más en profundidad. Avanzamos hacia un nuevo modelo productivo basado en las tecnologías en red, donde las oportunidades de elusión fiscal se multiplican porque internet no conoce fronteras. Muchas tecnológicas mantienen un abuso de su posición declarando impuestos solo donde estos son más bajos, y evitando contribuir donde generan sus ingresos. Un impuesto a los ingresos de las tecnológicas es una buena solución, pues permite que las empresas que se están haciendo inmensamente ricas gracias a la tecnología contribuyan a mantener en pie la sociedad que entra en sus webs. El avance de la tecnología debe basarse en la innovación, y no en la capacidad de escaparse de la obligación de contribuir al bien común.