La permanente crisis fiscal de los Estados europeos, así como los nuevos retos en materia de medio ambiente, salud pública o pensiones, están obligando a los expertos en fiscalidad a buscar nuevas fórmulas de financiación del gasto púbico. De esta manera, se están poniendo encima de la mesa nuevos mecanismos de recaudación fiscal atendiendo a un nuevo modelo económico marcado por la primacía de las finanzas, el avance tecnológico o los retos del cambio climático.

Que los estados necesitan más recursos para poner en marcha medidas de lucha contra la pobreza o la desigualdad, o seguir ofreciendo servicios de calidad, es bien conocido. El problema que se encuentran los fiscalistas tiene que ver fundamentalmente con la ausencia de voluntad de una parte importante de la población por pagar más impuestos, habiéndose generado cierta fatiga fiscal entre los contribuyentes, que siguen reclamando servicios de calidad, pero no están dispuestos a pagar más impuestos sobre la renta o sobre el consumo. Así, aunque en España, y atendiendo al Centro de Investigaciones Sociológicas, la mayoría de los ciudadanos declaran estar dispuestos a pagar más impuestos por mejores servicios públicos, las medidas de rebajas fiscales son aplaudidas y las propuestas de subidas de impuestos son siempre castigadas en la opinión pública y en el voto. Nos encontramos, por lo tanto, con el reto de garantizar ingresos sin incidir negativamente en la ciudadanía.

Ejemplares en PDF de MiBolsilloAsí, a lo largo de estos años estamos viendo surgir nuevas modalidades impositivas relacionadas con la actividad económica. Por ejemplo, hace varios años que once países de la Unión Europea acordaron comenzar a estudiar el establecimiento de un impuesto a las transacciones financieras, al estilo del desarrollado por James Tobin en los años 70, cuyo objetivo no sería solo la recaudación de una pequeña cantidad por cada transacción financiera, sino también ejercer un papel moderador en la volatilidad de los mercados financieros globales. La medida, que tuvo cierto éxito intelectual en los años previos a la crisis financiera, requiere de una masa crítica de países para poder ser establecida, masa que hasta el momento no se ha logrado establecer.

También relacionada con los mercados financieros, en España se propuso establecer un impuesto a los beneficios de la banca, de manera que el sector financiero devolviera una parte de los recursos que el sector público —y por lo tanto, los ciudadanos— habían dedicado a su saneamiento durante los años de la crisis. La idea no ha pasado todavía la fase de propuesta y no se conoce bien de qué manera se establecería ese nuevo impuesto, al que la banca ya se ha resistido con uñas y dientes, al ver sus beneficios amenazados.

En tercer lugar, los últimos años han sido testigos de las operaciones de elusión fiscal de las grandes empresas tecnológicas, que aprovechan la globalización de la red para realizar un tipo de arbitraje fiscal que las lleva a declarar impuestos en aquellas jurisdicciones donde menos impuestos pagan. De esta manera, se calcula que España dejó de recibir 482 millones de euros entre 2014 y 2016 provenientes de los gigantes digitales Google y Facebook. Las nuevas modalidades impositivas proponen corregir ese proceso de elusión fiscal estableciendo un impuesto sobre los ingresos, complementario del impuesto sobre beneficios que es el que se paga actualmente.

Por último, y aunque en España estos impuestos cumplen una función mucho más marginal que en otros países de la Unión Europea, se está desarrollando todo un ámbito nuevo de impuestos ambientales, dirigidos a moderar el uso de combustibles fósiles, o a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. España tiene un sistema de impuestos ambientales muy poco desarrollado en comparación con los de otros países de la Unión Europea, y la Comisión no deja de recomendarnos que examinemos las posibilidades de incrementar nuestros ingresos fiscales por esa vía.

Por último, se han puesto de moda, aunque con un desarrollo todavía muy incipiente, la posibilidad de imponer impuestos al consumo de determinados productos nocivos para la salud, como las bebidas azucaradas.

El impacto distributivo de estos nuevos impuestos, y la determinación de quiénes serán, en última instancia, quienes los terminen pagando, no está clara: mientras que los afectados amenazan con trasladar directamente estos nuevos impuestos a los consumidores, otros estudios señalan que recaerían principalmente sobre los beneficios de las corporaciones.

Estamos asistiendo, sin duda, al inicio de un debate sobre cómo debe ser el modelo impositivo de una sociedad económicamente avanzada, globalizada, con un fuerte componente tecnológico y con compromisos internacionales en materia ambiental. Las viejas figuras impositivas, basadas en la renta, el patrimonio y el consumo, pueden no ser óptimas en un momento en el que la economía se está transformando a gran velocidad. Así que es probable que veamos, en los próximos años, como algunos de estos nuevos impuestos entran a formar parte de nuestro escenario impositivo.

En España, en concreto, urge esta reforma fiscal: los ingresos fiscales de España están bien por debajo de la media de la Unión Europea, y mientras tanto, las demandas sociales y las necesidades no dejan de crecer. Repartir adecuadamente la carga de los impuestos puede necesitar de un replanteamiento global del sistema, más que de una adición de nuevas figuras impositivas que se sumen a un sistema que necesita urgentemente una revisión en profundidad.