El gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a revertir una tendencia histórica de nuestras finanzas públicas, y es la comparativamente baja capacidad de recaudación que tiene nuestro sistema fiscal.

De promedio, España suele recaudar unos siete puntos de PIB por debajo de la media de la eurozona, lejos de los países de referencia, en un país donde el sistema fiscal ha mostrado ser ineficiente por su escasa capacidad redistributiva, esto es, un sistema que reparte mal las cargas fiscales, con poca progresividad y poca recaudación. Los últimos años de rebajas fiscales, promovidas por los gobiernos del Partido Popular para acelerar la recuperación del consumo y el ahorro, tampoco han ayudado mucho: la agencia tributaria estima que entre 2015 y 2016 el fisco dejó de recaudar unos 15.000 millones de euros.

La economía está ya a los niveles de PIB de 2007, pero los ingresos fiscales no, mientras las demandas sociales no dejan de crecer y el agujero de la seguridad social no parece que se vaya a equilibrar a corto plazo. Así, se han planteado nuevos impuestos como la subida del impuesto sobre el diésel, la tasa a las empresas tecnológicas, un nuevo impuesto a la banca, o la subida del tipo marginal del IRPF para las personas que ganan por encima de 140.000 euros anuales.

El problema de estas medidas no es tanto su implantación –nos harían acercarnos a los estándares europeos de ingresos- sino la incertidumbre que traen consigo los diferentes anuncios relativos a las mismas. Para garantizar estabilidad y seguridad, es importante que las modificaciones fiscales se hagan con credibilidad y buscando un horizonte a largo plazo, que garantice que los actores económicos toman las decisiones correctas.

Si va a subir el precio del diésel es esperable que se vendan menos coches de este tipo. Si va a haber un impuesto sobre los beneficios de la banca o sobre las tecnológicas, es probable que una parte del mismo se traslade a los consumidores, distribuyendo la carga impositiva. Si se va a subir el tipo marginal del IRPF para las rentas más altas, es muy probable que esto afecte a sus decisiones de ahorro y consumo.

Por todo ello, es determinante que los anuncios fiscales, que, por muy necesarios que sean, nunca, a nadie, le parecen buena noticia, sean transmitidos con claridad, precisión y generando credibilidad. Es importante que la ciudadanía pueda tomar conciencia cabal de cómo estos cambios van a afectar a su vida. De momento es difícil predecirlo.