Hay momentos en la vida, aunque sean fugaces, que por su trascendencia quedan anclados para siempre en el alma y en el recuerdo. El que brevemente les voy a relatar ocurrió en México en dos ocasiones: en 1978 y en 1983. Dolores Rivas Cherif, exiliada en ese país y viuda del que fuera una de las figuras más relevantes de la II República, Manuel Azaña, confesó a los reyes de España don Juan Carlos y doña Sofía, y al presidente del Gobierno Felipe González, que si su marido viviera aún habría seguido defendiendo la reconciliación entre los españoles, tal como ellos estaban haciendo.

Dolores Rivas Cherif (Madrid, 1904 - México, 1993), mujer valiosa y discreta, que se refugió en ese país hispanoamericano en 1941, pocos meses después de la muerte de Azaña en Montauban (Francia), resaltaba así, con emoción, los primeros logros de aquella transición de una etapa dramática y oscura de la historia de España a otra de justicia y libertad. Una transición en la que quedó plasmada la reconciliación del pueblo español en un texto constitucional.

Este mes de diciembre, la actual Ley Fundamental de España cumple cuarenta años. Su texto surgió desde las inquietudes propias de una etapa política complicada, pero alentada con la fuerza de un consenso de los partidos y de la propia sociedad española, jamás alcanzado en la redacción de las Constituciones anteriores.

La de 1978, con sus bondades y defectos, ha sido la piedra angular de cuatro décadas de convivencia no exenta de dificultades, de desarrollo y progreso, de democracia, de reconocimiento de los derechos y libertades de las personas, de elecciones limpias que han permitido la alternancia política en la gestión del gobierno, de descentralización autonómica, de división de poderes...

Algunos movimientos políticos y sociales, con cierta presbicia mental, ignorancia o mala fe, han intentado e intentan rebajar el tono, incluso destruir aquel logro alcanzado en los años setenta. Pero en ninguno de los supuestos puede hallarse razón alguna para ningunear el mérito indiscutible de que el país supiera dotarse con una Ley Fundamental consensuada. Conmovedoras son las imágenes de aquellos días, con los exiliados políticos de vuelta a casa y perfectamente representados en aquella fotografía de Dolores Ibárruri, la Pasionaria, y Rafael Alberti, cogidos del brazo en la escalinata del hemiciclo del Congreso de los Diputados, observados también por conspicuos franquistas que se resignaban al tránsito a una democracia verdadera.

Viniendo de donde venimos, y pobre de quien no lo asuma, la Constitución vigente es la herramienta que garantiza el Estado de derecho y una convivencia que algunas minorías se empeñan en quebrar por la tremenda. Cuesta entender la manipulación torticera de una Ley que no tiene nada que envidiar a las más reconocidas en el mundo democrático. Y si es verdad que los cuarenta años transcurridos han advertido de la necesidad de algún reajuste, porque el mundo cambia a velocidad de vértigo y es obligado actualizarse, no lo es menos que el edificio constitucional en absoluto requiere derribos. No se tira una casa por un gozne desajustado.

Cumplido su cuadragésimo aniversario, la Constitución española del consenso ocupa ya un espacio en la historia. Aunque por desgracia genera cierto temor preguntarse ahora si ante los retos del futuro de nuestro país se conseguiría un nuevo consenso para el que son necesarias mucha generosidad y ejemplaridad.