Para algunas personas, el significado de las palabras es acomodaticio. O sea, que cada cual puede interpretar un término como le convenga más. Cuando ade-más hablamos de un término legal de contornos poco precisos y muy repudiado socialmente, la autojustificación para aplicar la libertad de definición está servida.

Recurrir a la RAE para fijar criterio sobre el uso de las palabras será una antigualla, pero es útil para evidenciar la impostura que se encierra tras algunas declaraciones cuando los delitos de corrupción afectan a alguien de las propias filas.

Una de las acepciones del diccionario de la Real Acade-mia define así la corrupción: "En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores".

Con una frase está dicho lo principal: aprovechar lo público en beneficio propio. El Código Penal precisa bastante más, si bien lo hace de una forma dispersa a lo largo de su articulado. Aunque no describe la corrupción como un delito omnicomprensivo, penaliza distintas actividades que entendemos vinculadas con lo que nos dijo la RAE: utilizar las funciones y medios de la administración en provecho de sus gestores.

Los jueces, que son quienes aplican el Código Penal e interpretan el alcance de sus preceptos, determinan si tal o cual comportamiento o decisión tienen que ver con la corrupción política o empresarial. O no. Porque puede suceder que algo que no está bien hecho no tenga una finalidad perversa. Leyendo los autos de imputación se sabe bien cuál es el contexto del supuesto delito. Invito a cualquiera a hacer el ejercicio. El concepto de corrupción se desgrana en supuestos delictivos concretos: tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, malversación, financiación ilegal de los partidos... Comportamientos inaceptables, mucho más porque se llevan a cabo aprovechándose del poder, que tienen consecuencias penales; pero también políticas y sociales.

Estos días nos hemos encon-trado con una controversia, más ficticia que real, sobre el concepto 'corrupción'. Como en la política se ha asociado la imputación por corrupción a la exigencia de responsabilidades políticas –dimisiones– a las personas imputadas/investigadas por delitos que tienen que ver con ella, hay que sacudirse el término.

A esto vienen estas líneas. A afear el intento de algunos voceros políticos, a los que hemos visto estas semanas rechazando que lo que su colega hizo tenga que ver con la corrupción. "Ah, no. Eso no es corrupción", dicen. "Es un acto administrativo. Como mucho, prevaricación administrativa...". Todo para que no se mueva de su sitio, para que no dimita. Se admite que actuó mal a sabiendas, que obtuvo beneficio de esa actuación. Beneficio para el partido, para empresas de las que se esperan favores, para construirse una buena imagen en las redes sociales, para entrar en determinados círculos sociales, para cobrarse los favores en forma de apoyos electorales... Pero, como decía uno de estos personajes, corrupción es solo si te llevas dinero en bolsas a tus bolsillos particulares. Si no te han pillado una cuenta en Suiza, no vale. Pues nada, que siga la fiesta.